LPE Transportes queda bajo investigación tras aseguramiento de tres predios en Juárez

Tres inmuebles asegurados y una toma clandestina de hidrocarburos forman parte de una investigación que busca reconstruir una presunta operación de almacenamiento y distribución ilegal de diésel en Ciudad Juárez.

LPE Transportes aparece entre los elementos relacionados con el caso, aunque la información disponible no acredita responsabilidad penal de la empresa ni existe una sentencia en su contra.

El desarrollo del caso obliga al gobierno municipal a revisar la actuación de sus propias dependencias. Héctor Ortiz Orpinel ocupa la presidencia municipal después de la licencia indefinida que Cruz Pérez Cuéllar solicitó en junio de 2026 para buscar una candidatura.

El Ayuntamiento aún no precisa qué controles correspondían a sus áreas, qué permisos existían y si recibió información sobre las actividades desarrolladas en los inmuebles bajo investigación.

Uno de los predios se encuentra frente a Riberas del Bravo, en Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna. Policías estatales y elementos del Ejército mantienen el resguardo del sitio.

Reportes del 23 de julio de 2026 indican que allí fueron localizados vehículos de transporte de personal y estructuras que aparentaban relación con el despacho de combustible. Otro punto de la investigación se ubica en El Sauzal, donde fue localizada una toma clandestina.

La cantidad de combustible atribuida a la presunta operación también requiere una revisión documental. Algunas versiones periodísticas refieren cientos de miles de litros al año, pero esa estimación todavía no cuenta con confirmación oficial. Las autoridades deben establecer la procedencia del diésel, las personas que participaron en su traslado, los mecanismos de pago y el destino de los recursos obtenidos.

El crecimiento de la flota de LPE Transportes representa otro dato sujeto a revisión. En agosto de 2025, la empresa incorporó 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.

La compra no demuestra por sí misma la existencia de recursos ilícitos. Los registros financieros, fiscales y bancarios pueden determinar el origen del capital utilizado para esa expansión.

La revisión municipal debe partir de las atribuciones legales de cada dependencia. El Ayuntamiento no tiene facultades para sustituir una investigación penal federal o estatal, pero sí puede aportar expedientes, permisos y registros que permitan conocer el historial administrativo de los establecimientos relacionados con el caso. También corresponde identificar cualquier omisión dentro de las competencias municipales.

La presunción de inocencia debe mantenerse durante todo el proceso. Los señalamientos contra LPE Transportes y las personas mencionadas en versiones periodísticas requieren pruebas antes de cualquier conclusión. Al mismo tiempo, la investigación debe alcanzar a las instituciones en la medida que corresponda.

Si hubo fallas de supervisión, deben documentarse y sancionarse conforme a la ley; si los controles funcionaron, el Ayuntamiento debe mostrar sus resultados. La sociedad requiere ambas respuestas para conocer el alcance real del caso.