Legisladores cierran el Congreso de NL en protesta contra amparo de Samuel García

El Congreso de Nuevo León aprobó su suspensión de labores de manera indefinida luego de que un juez le concediera al gobernador del estado, Samuel García Sepulveda, un amparo indirecto para que no entre en vigor una serie de reformas que, acusa, limitan las funciones del mandatario.

El Legislativo comunicó que, en el transcurso de la tarde de este miércoles, se cierra la sesión del pleno y se paraliza las funciones del Congreso hasta que la presidencia de la directiva resuelva lo contrario. Además de que le fue solicitado al Consejo de la Judicatura Federal investigar la actuación del juez y adelantaron que presentaran denuncias penales correspondientes.

La diputada priista Alhinna Vargas afirmó que en la entidad enfrenta una crisis institucional, agravada por la judicialización de diversos asuntos entre este Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo local. Y apuntó que la decisión del juez Octavo de Distrito en materia administrativa en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, contribuye a “vulnerar la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas”.

Te puede interesar: TEPJF confirma que Carla Humphrey no puede presidir el INE

Vargas García calificó la determinación de un exceso en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que la autoridad es incompetente para resolver asuntos de Nuevo León. Además, indicó que el jurista ha sido acusado, anteriormente, de emitir resoluciones en favor de múltiples funcionarios, por lo cual ha sido investigado por la Fiscalía General de Justicia (FGR).

La legisladora afirmó que bajo el argumento del juez no podrían entrar en vigor ninguna de las reformas aprobadas durante la legislatura, así como la Nueva Constitución y la Ley Orgánica, para no violar el principio de no retroactividad, debido a que no se encontraban vigente en el inicio de la administración actual. En consecuencia, estas deberían de entrar en vigor hasta el siguiente período que inicia hasta el año 2017.

Por su parte, el juez le concedió a García Sepulveda un amparo indirecto para que no entren en vigor las reformas a 27 artículos de la constitución, ya que las modificaciones a la ley limitan la capacidad del mandatario para nombrar a miembros de su gabinete. También, se elimina la posibilidad de que el Ejecutivo presente observaciones a los decretos de reforma o adiciones a la constitución local y leyes de carácter constitucional.