“La prisión preventiva oficiosa es constitucional, pero contraria a otros preceptos; la SCJN debe eliminarla”: Álvarez Icaza

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, integrante del Grupo Plural, declaró que la prisión preventiva oficiosa es constitucional, pero violatoria a otros preceptos constitucionales, de modo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe eliminarla. En tanto, aseguró que la defensa de esta medida cautelar está vinculada al “populismo punitivo” y que el problema real en la actualidad es la estrategia de seguridad.

En entrevista para La Hoguera, el senador Emilio Álvarez Icaza declaró que la prisión preventiva oficiosa es constitucional, pero también violatoria de Derechos Humanos e incluso es contraria a otros preceptos constitucionales. Al respecto, comentó que derivado de esta inconsistencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está formada de manera integral sino integrada por distintos conceptos, siendo el más claramente contrario el de presunción de inocencia, pues la medida cautelar puesta a discusión implicaría un castigo anticipado ante ese derecho.

El legislador consideró que la SCJN debe decretar inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en acorde con los preceptos constitucionales citados. En tanto, mencionó que el problema es que el debate iniciado en los últimos días es una falacia, pues si fuera cierto que la prisión preventiva oficiosa resuelve la inseguridad, entonces no hubieran aumentado los homicidios, los feminicidios y los crímenes contra defensores de Derechos Humanos en el sexenio actual.

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Álvarez Icaza señaló que las bases por las que existe la prisión preventiva oficiosa son 1) por la equivocada idea de que la prisión preventiva va a disminuir los delitos y 2) por las cadenas de impunidad que vive México. Asimismo, comentó que, al haber una crisis de seguridad longeva pero acentuada en este gobierno, la administración lopezobradorista ha continuado también con la misma fórmula del “populismo punitivo”, es decir, pensar que penas más severas y la prisión automática resolverán el problema de inseguridad.

“Es un proceso que ha tenido más de 15 años. Se han venido endureciendo las penas ante la insatisfacción de la sociedad por los altísimos niveles de inseguridad. Cada vez que hay un suceso que conmociona a la opinión pública- un secuestro, un homicidio, un delito de alto impacto- las y los legisladores quieren responder diciendo que están haciendo algo e incrementan penas. Y luego los gobiernos, en un ejemplo extremo, de eso lo hacen mayormente”, argumentó el político capitalino.

Para él, la defensa de este tipo de penas severas por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es una novedad, pues rememoró que como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal incrementó todas las penas por robo. Ello, sostuvo, causó que las personas en reclusión acusadas por ese delito pasaran de 12,000 al inicio de su gobierno a 44,000 en solo un par de años.

En tanto, opinó que ahora es peor dado que con la reforma constitucional al artículo 19, aprobada en el Congreso de la Unión entre 2018 y 2019, ampliaron el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que en esa ocasión se agregaron abuso o violencia sexual contra menores; uso de programas sociales con fines electorales; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas; y desaparición cometida por particulares.

Asimismo, se incorporaron a esta medida los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; el delito de corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

El problema real: el fracaso de la estrategia de seguridad

Para el senador Emilio Álvarez Icaza, el problema de seguridad no radica en la prisión preventiva oficiosa sino en el fracaso de la estrategia implementada por AMLO. Este comentó que como ningún otro presidente López Obrador ha tenido los instrumentos legales, legislativos y constitucionales para luchar en materia de seguridad, pero no ha tenido la capacidad de para responder al compromiso en la materia.

El también exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que el gobierno morenista ha contado con la Guardia Nacional; el uso excepcional, controlado y temporal de Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública; y la prisión preventiva oficiosa de manera indebida. “Ya hubieran Calderón y Peña querido esos instrumentos”, opinó y agregó que estos mismos se los regateó el actual mandatario a los expresidentes prefiriendo que se agudizaran las contradicciones para apostar al fracaso.

“Si uno revisa los informes de la estrategia nacional, uno se encuentra que en el año pasado la Guardia Nacional detuvo a 14 personas producto de labores de investigación; detuvo y presentó ante las agencias a 50 personas en materia de delincuencia organizada, eso no es ni uno por semana […] Y la Guardia Nacional teniendo 20% de capacidad del estado de fuerza generó menos del 2% de las detenciones”, señaló el legislador para sostener su posicionamiento.

Finalmente, Emilio Álvarez Icaza concluyó que la Guardia Nacional ha tenido un absoluto fracaso en su aplicación porque es utilizada para otras tareas como perseguir y detener migrantes, repartir fertilizantes, cuidar la distribución del Gas LP o andar cuidando a políticos. En tanto, consideró una bajeza que AMLO utilice los miedos de la gente para legitimar su fracaso y amenazar a la SCJN y a los jueces en el debate de la prisión preventiva oficiosa.