Karime Macías obtiene asilo en Reino Unido; queda sin efecto su extradición a México

Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz en el periodo 2010-2016, obtuvo el asilo político de Reino Unido. Esto frente a la intención del gobierno mexicano de repatriarla con acusaciones de fraude contra el DIF Veracruz.

Karime Macías recibió en 2025 el asilo político por parte de Reino Unido, mismo con el cual superó la orden de extradición dictada en su contra en 2022. Cabe recordar que el 5 de abril de ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el “Departamento de Estado” de la Gran Bretaña había ordenado su envío a México a partir de la resolución de un juzgado británico.

La concesión del asilo se dio a conocer hasta este día debido a la comunicación tardía entre autoridades y medios de comunicación. Este tipo de resoluciones suele tramitarse de manera interna y no necesariamente se mediatizan. En este caso, además, el proceso estuvo acompañado de litigios y recursos judiciales prolongados.

La obtención del recurso por parte de la acusada en México habría trascendido hasta este domingo derivado de que el asilo suele tramitarse y decidirse de forma interna, sin que ello implique anuncios mediáticos. Asimismo, en este caso se combinó con litigios prolongados y recursos judiciales, a lo cual se suma que la comunicación de estos hechos a medios de comunicación suele darse tardíamente.

De acuerdo con el diario La Jornada, esto ocurrió porque el proceso de extradición fue considerado viciado por tribunales británicos. Según fuentes citadas por el diario, el delito por el que se le acusa habría prescrito, situación que no habría sido informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las autoridades británicas.

Mientras tanto, Milenio mencionó que sus fuentes le dijeron que el asilo fue otorgado debido a la exposición pública que se hizo de la expareja de Duarte de Ochoa y su domicilio por parte del gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes Linares. Asimismo, difundió que su defensa argumentó también la existencia de declaraciones en contra de ella obtenidas bajo tortura.

Así fue el proceso en su contra

En mayo de 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el establecimiento de una alerta migratoria y la emisión de una «ficha roja» para buscar, localizar y detener a Karime Macías. Señaló entonces que la entonces esposa del exgobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contaba con una orden de aprehensión por la probable constitución de un delito.

«Karime “N” es investigada por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz, como consta en el Proceso Penal 150/2018, por un probable daño patrimonial al erario público que a la fecha suma una cifra superior a 112 millones de pesos», señaló entonces mediante un comunicado.

Casi un mes antes de terminar la administración de Enrique Peña Nieto, el 31 de octubre de 2018, el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, expresó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que estaba realizando trabajos para poder solicitar a la SRE la extradición de esta. Comentó entonces que estaban a la espera de la finalización del trámite para enviar la orden de detención provisional con fines de extradición a las autoridades europeas.

Macías Tubilla fue detenida el 29 de octubre de 2019 en Londres, Inglaterra, pero tras pagar cerca de 150 mil libras esterlinas se le concedió llevar su proceso en libertad. El 17 de febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster, Inglaterra, había determinado conceder la extradición de Karime Macías para que sea juzgada en México.

El 5 de abril de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el “Departamento de Estado” de Gran Bretaña acababa de ordenar la extradición de la imputada, ratificando la resolución del juzgado británico. Sin embargo, el abogado Marco del Toro señaló que su clienta tenía derecho a impugnar la resolución en un plazo de 14 días, por lo que se trataba de un proceso aún inconcluso.