Instituto del Senado advierte violación a DDHH por prisión preventiva en delitos fiscales

Catalogar delitos fiscales como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional podrían constituir la probable violación de Derechos Humanos (DDHH). Así lo señala el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, misma de donde se aprobó el polémico dictamen.

En el estudio o “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, elaborado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa, se pide a los legisladores que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dada la preocupación en que la defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y por la expedición; venta; enajenación; compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados sean atendidos tanto por la vía fiscal como por la vía penal equiparándose a la delincuencia organizada.

La preocupación surge debido a que la Constitución indica en su artículo 19 que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva, práctica criticada por violentar por este tipo de delitos a los presuntos culpables de los mismos hasta por cuarenta días, si es necesario para la investigación.

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Vale la pena destacar que este tipo de medidas preventivas son criticadas a nivel internacional dado que violan el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual indica que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

Por esto, en el estudio del Instituto Belisario Domínguez piden que se considere reformar la prisión preventiva e implementar medidas alternativas como el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento, además de establecer la obligación de realizar una audiencia previa a la imposición de ésta por parte de las autoridades judiciales ante la solicitud del Ministerio Público.

Esto servirá, según las investigadoras, para evitar la imposición de una sanción anticipada sin pruebas fehacientes que demuestren la existencia de actos ilícitos que se configuren en los tipos descritos para los delitos de defraudación fiscal, de defraudación fiscal equiparada y el uso de comprobantes fiscales falsos en las legislaciones fiscal y penal que, además, tendrían como agravantes ser considerados como delito de delincuencia organizada y amenazas para la seguridad nacional.

Finalmente, piden a la Cámara de Diputados que se señale con claridad los elementos que conforman el delito de la delincuencia organizada ya que criterios de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación exigen para confirmar este delito el comprobarse la “intención de participar y organizarse de forma voluntaria permanente o reiterada y tener conocimiento de que los fines de la asociación eran para delinquir”.