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Inician diálogos para la Reforma Judicial; ministros y oposición se posicionan contra elección de juzgadores

Foto: Especial

Los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial iniciaron este jueves en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México, con coordinadores legislativos partidistas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante dicha sesión, comenzó a dilucidarse un ambiente de oposición partidista y de integrantes de la élite del Poder Judicial de la Federación a la elección de juzgadores.

Durante el arranque de los diálogos, el diputado panista Jorge Romero Herrera, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), agradeció la disposición de diálogo de todas las partes involucradas en la iniciativa. Prometió que su partido apoyará aspectos como establecer un plazo máximo para resolver asuntos judiciales y un órgano disciplinario del PJF separado de lo administrativo; sin embargo, consideró que el debate de fondo será para crear un modelo que no le reste autonomía frente a los otros poderes.

Enseguida, el presidente de la Jucopo en el Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila, expuso que el bloque mayoritario escuchará y dialogará para conocer los puntos de vista de las minorías o miembros del PJF; no obstante, advirtió que tienen un mandato popular que cumplirán porque se deben a él. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que promoverán una revolución en el poder judicial para lograr la elección de todos sus integrantes, reducir el tamaño de la Corte y desaparecer pensiones vitalicias porque el pueblo “tiene hambre y sed de justicia”.

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Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira informó que su organización política desea que haya jueces a la altura de las reformas de 2010 y 2011 en materia de derechos humanos y convencionalidad, no jueces con prejuicios ni improvisados. El volumen opositor subió con el senador Dante Delgado, quien dijo que la aprobación de una iniciativa así no debe ser aprobada en el último mes de gobierno de un presidente y la próxima legislatura debe darle margen de acción en el tema a la nueva administración.

El político veracruzano dijo que Movimiento Ciudadano apoyará una reforma para que el Poder Judicial sea un mejor contrapeso, no para que deje de serlo; además, mencionó que estarían a favor de un mecanismo de participación ciudadana para integrar el poder judicial, pero que el planteamiento actual de la iniciativa es inoperante.

Finalmente, el senador del ya extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, expuso que él está a favor de reformar el Poder Judicial sin afectar principios de progresividad y calidad de la impartición de justicia y seguridad jurídica. Señaló que coincide en la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) de la SCJN; sin embargo, también criticó la elección de jueces, magistrados y ministros argumentando que eso no garantiza su autonomía ni la ciudadanización de los mismos porque las candidaturas solo son propuestas por los poderes.

La siguiente ronda permitió la participación de las ministras y ministros de la SCJN, entre otros representantes del PJF, quienes mayoritariamente se manifestaron en contra de la elección popular de los juzgadores. De manera directa, los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Ana Margarita Ríos Farjat rechazaron la elección de jueces, magistrados y ministros con el voto de la gente, sosteniendo que debe permanecer el sistema de “carrera judicial”.

Juntos, defendieron que el sistema de carrera judicial permite una selección objetiva de los integrantes del PJF, asegurando que este sistema de méritos no trajo corrupción ni otras prácticas condenadas por el bloque oficialista y promoviente de la iniciativa. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo coincidieron, pero al considerar una eventual aprobación, hicieron propuestas adicionales para darle mayor sentido al sufragio ciudadano.

González Alcántara sugirió que se vote únicamente para evaluar el desempeño de juzgadores y decidir sobre la permanencia de personas juzgadoras, no para reemplazar la carrera judicial que permite el acceso a cargos mediante el mérito. Pardo Rebolledo, por su parte, propuso que la sustitución de los juzgadores fuera escalonada, votando por ahora solamente las vacantes que se fueran presentando, permitiendo una interacción entre personas juzgadoras del sistema de carrera judicial y los surgidos de procesos electorales que plantea el bloque legislativo mayoritario.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa apoyó esta idea, afirmando que los mexicanos requieren jueces de elección popular que cuenten con una preparación jurídica y conocimiento en las materias sobre las cuales van a juzgar. Por eso, expresó que ella propondría también una elección progresiva de las elecciones populares cubriendo cargos que queden vacantes por distintos motivos, como renuncias, muertes o retiros de juzgadores.

Más allá fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien comentó que ella propondría no solo aprobar la reforma propuesta desde el Poder Ejecutivo Federal, sino también complementarla limitando las interpretaciones de la SCJN y que las resoluciones no puedan revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado. Asimismo solicitó revisar quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional, pues a su consideración debería compartirse esa facultad con los Poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto.

Finalmente, Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte, expresó que comparten en el PJF el objetivo de los legisladores para mejorar la justicia en México, por lo que les recordó que cualquier Reforma Judicial debe responder principalmente a las necesidades. Por eso, advirtió que modificar la estructura judicial implica al menos reflexionar sobre el papel que desempeñan lo para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática.

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