Informe de ONU «no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación» de Ayotzinapa: PGR

Luego de que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México presentara «Doble Injusticia», un documento en donde dice contar con «evidencia suficientemente sólida» sobre tortura sistemática aplicada a los implicados en el caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) cuestiona las conclusiones del organismo internacional.

En el reporte, la ONU afirma contar con “evidencia suficientemente sólida” sobre tortura de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y Marina contra los 34 implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero.

Cae presunto implicado en desaparición de los 43 de Ayotzinapa

En un comunicado de prensa, la PGR defiende la actuación del Estado mexicano en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 7 puntos fija su postura sobre la acusación de la ONU sobre presuntas  violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala:

1.- Hay una preocupación en el Informe de la OACNUDH, la cual arroja conclusiones sobre hechos que son actualmente objeto de investigación o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.

2.- El Informe se limita a abordar los aspectos que ya fueron resaltados anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades correspondientes. Y subrayó la PGR: «En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso».

3.- La investigación del caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es «un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano», afirmó la PGR, tras resaltar que se han registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH.

Asimismo, la dependencia destacó que el caso de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» es objeto de una labor intensa con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las recomendaciones emitidas por el organismo internacional.

4.- La PGR informó a la CIDH que se han conseguido datos e información relevante sobre la identificación de probables responsables y móviles, así como también se ha mejorado en los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.

Sobre este aspecto, la Procuraduría refrenda su compromiso y el del Gobierno Federal para pactar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, el cual será objeto de un análisis detallado y de diálogo con los propios representantes de los agraviados.

5.-  La PGR afirmó que en múltiples ocasiones que el Gobierno Federal señaló en las reuniones de alto nivel con el Representante en México de la OACNUDH una amplia gama de observaciones importantes sobre el contenido del Informe, particularmente con la «metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes».

6.- En el Informe de la OACNUDH se omite información importante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul), recalcó la PGR. «Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe», enfatizó.

7.- Por úlrimo, en cuanto a los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, «no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente», aseguró la Procuraduría.

«El Gobierno de la República reitera que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos», advierte la PGR sin soslayar las sanciones a «los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia».