Grave acusación contra Alito: desvío de fondos y corrupción por miles de millones

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, enfrenta una grave denuncia presentada por el Diputado Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía General de la República, señala un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su mandato como gobernador de Campeche, entre otros delitos.

Según la acusación, se configuran una serie de probables actos ilícitos, que incluyen tráfico de influencias, desvío de fondos, corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos presuntos delitos habrían ocurrido durante el período en el que Moreno Cárdenas estuvo al frente del gobierno campechano, entre septiembre de 2015 y junio de 2019.

Te puede interesar: Diputada priísta acusa a “Alito” Moreno de intentar quedarse con 32 mdp para cursos en línea

La denuncia detalla que, según las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se estima un posible perjuicio a la Hacienda Pública Federal de al menos 3 mil 941 millones de pesos “además, que durante este tiempo su patrimonio y el de su familia se incrementaron de forma desproporcionada, en relación a lo manifestado en sus declaraciones patrimoniales, al haber adquirido diversas propiedades millonarias, lo que resulta incongruente con los ingresos que ha percibido como servidor público”.

El informe de la ASF revela un total de 92 irregularidades en la gestión de los recursos públicos asignados a Campeche entre 2016 y 2019, destacando problemas en el sector salud y en el pago de nóminas.

La denuncia solicita a la autoridad judicial que se investigue y se inhabilite a Alejandro Moreno Cárdenas y/o a quienes resulten responsables, con una posible prohibición de ejercer cargos públicos por hasta 20 años. Además, se pide como medida precautoria el embargo de sus bienes y cuentas bancarias.

El documento fue presentado ante el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y la fiscal especializada en combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos Borja.