“Gobierno puede revocar concesiones”: AMLO pide a Canadá meter en cintura a mineras

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la intervención del gobierno de Canadá para que las mineras de aquel país que operan en México acaten la ley, recordando que, de no hacerlo, su administración puede revocar las concesiones de explotación. Esto al hacer público el caso de la mina Cosalá, en Sinaloa, donde la empresa se niega a reconocer al sindicato democráticamente electo, mientras que en la de Tayoltita, Durango, una firma hace maniobras legales para no pagar impuestos.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni si quiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa. No va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, dijo López Obrador al hacer “un llamado a las autoridades de Canadá para que ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso”.

El primer mandatario puso como ejemplo el caso de Cosalá en donde la firma America’s Gold & Silver se rehúsa a reconocer al sindicato minero democráticamente electo por los trabajadores pese a que este ganó el recuento ante el ‘sindicato blanco’ promovido por la empresa. El conflicto detonó una huelga desde enero del 2020 en la que se ha visto involucrado Napoleón Gómez Urritua, líder sindical y senador del Movimiento Regeneración Nacional.

Por otro lado, también señaló a Tayoltita, cuyo concesionario desde 2018 es First Majestic Silver Corp. Desde febrero pasado, López Obrador mencionó que esta empresa se niega a pagar impuestos, adeudando alrededor de 11 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. En esta ocasión, mencionó que la minera canadiense incluso ha advertido con recurrir a tribunales internacionales si se les cobra el dinero.

López Obrador adelantó que le pedirá al canciller Marcelo Ebrard que notifique a las autoridades de Canadá de la situación y pida su intervención para que las mineras cumplan con sus responsabilidades fiscales y respeten los derechos laborales de sus trabajadores. Argumentando que si lo hacen en su país de origen también deben apegarse al marco legal de México para poder seguir operando.

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