Fracción de Morena en el Senado propone terminar el estado laico

El carácter juarista del Estado laico mexicano podría estar en riesgo. Esta vez, la senadora María Soledad Luévano Cantú, de Morena, propone una serie de reformas en materia de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que comprometería la separación entre el Estado y las iglesias.

En la propuesta, la senadora de Morena propone borrar de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público la separación del Estado y las iglesias. Esto de manera textual, prefiriendo establecer que la ley estará fundada “en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas”.

Además, pretende que se derogue el párrafo donde se señala que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes o ser eximido de las mismas. Junto a esto, se busca asegurar que toda persona tenga el derecho a asociarse o reunirse y manifestarse pacíficamente para expresar sus creencias religiosas en relación con asuntos de carácter público sin ser discriminado, censurado o coaccionado.

Reformando el artículo segundo de la ley mencionada busca instaurar el que el Estado mexicano reconozca y garantice la libertad religiosa de las personas comprendiendo a esta también como el derecho a la “instrucción y formación religiosa según sus creencias personales y convicciones éticas”, así como el otorgamiento y “acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual” permitiendo la asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción social sean de carácter público o privado, así como en unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México.

Pese a que en la iniciativa se colocan algunos “candados” para que las ideas religiosas sean perseguidas cuando representen violaciones a los derechos humanos, el contenido de la iniciativa tiene otras partes cuestionables respecto a la separación entre Estado e Iglesia.

Esta reforma propuesta también podría dar el primer paso para la apertura de puertas a las distintas religiones en el espacio radioeléctrico al brindar el derecho de “expresar, y difundir sus creencias religiosas, personalmente y a través de cualquier medio de comunicación, en términos de la legislación aplicable”, sin embargo, se elimina la parte donde se menciona que la transmisión o difusión de actos de culto será únicamente de manera extraordinaria.

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La cesión del Estado frente a las iglesias continúa en la redacción mediante la eliminación de la facultad de las autoridades para prohibir la celebración de actos religiosos por razones de seguridad, moral, protección de la salud, tranquilidad, orden público y protección de derechos de terceros para únicamente “garantizar las medidas de seguridad pública y protección civil”.

Además, la senadora ofrece en su iniciativa el que si bien el Estado no podrá establecer una “preferencia” en favor de una religión, este no estará impedido para colaborar con alguna de ellas en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, derecho que las distintas iglesias tendrían y quedaría asentado en la reforma al artículo noveno de la ley adicionando el derecho de “celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, pretende quitar la prohibición a las autoridades federales, estatales y municipales de asistir con carácter oficial a un acto religioso público, así como a las actividades que tengan motivos o propósitos similares.