Fiscalías piden a la Corte mantener prisión preventiva oficiosa para delitos graves

El Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a “respetar la constitución” y no eliminar la prisión preventiva oficiosa que pondría en la calle alrededor de 60 mil delincuentes, entre ellos, quienes cometieron delitos graves como homicidios y feminicidios.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 21 de junio en la Asamblea Plenaria de la CNPJ que reúne a los fiscales de las 32 entidades del país, así como a Alejandro Gertz Manero, de la federal, acordaron por “unanimidad” que debe de preservarse la Soberanía Nacional y la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por encima de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde ordena a México anular la prisión preventiva oficiosa porque presuntamente vulnera los derechos humanos.

“Debe de preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”, apunta en un comunicado la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

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Además, enfatizaron que resolver en contra de la Constitución “permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, secuestro, homicidio, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos”.

Ello en el sentido de que existe un sin número de casos donde los delincuentes que quedan en libertad siempre buscan atentar contra quienes los señalaron para ser procesados, entre ellos las víctimas, los testigos y los servidores públicos que intervinieron en los casos. Además de la posibilidad de que se evadan la justicia o que regresen a delinquir o a cometer más ilícitos por los que estaban siendo procesados.

En ese sentido, los 33 fiscales y procuradores concluyeron que “es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”.