FGR va contra Francisco Garduño, titular del INM, por incendio en Ciudad Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) “procedió penalmente” en contra de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por la muerte de 40 migrantes en un incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido la noche del 27 de marzo pasado, en el que además 25 resultaron heridos.

De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento penal iniciado al responsable de la migración en el país es debido a que él junto con Antonio ‘N’, otro directivo del INM, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes, de acuerdo con el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal”.

La FGR señala que haciendo la investigación del caso que inició inmediatamente después de ocurrido el incendio en la ciudad fronteriza del norte del país, encontró que el 31 de marzo de 2020 se había dado un caso similar en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, también dependiente del INM en el que murió una persona y 14 más resultaron lesionados.

Este antecedente, explica, generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que indica “un patrón de conducta” que se ha omitido por parte de los responsables del INM, pese a que las medidas de seguridad eran “indispensables y obligatorias para estos casos”.

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Y a ello se suman los dictámenes, agrega, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años en los que señala “las faltas y omisiones que el Instituto Nacional de Migración sigue cometiendo” en lo que también se indica “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que han reiterado” y que, de acuerdo con la FGR, “es el causante de los lamentables hechos” ocurrido en Ciudad Juárez.

Además, la institución a cargo de Alejandro Getz Manero recuerda que cinco personas ya fueron vinculadas a proceso por el incendio, de las cuales tres son funcionarios del INM, una de la empresa de seguridad que prestaba servicios en el centro de detención, así como al migrante que inició el fuego. Todas ellas en prisión.

Por otra parte, acusa al instituto de migración de suscribir contratos por adjudicación directa con la empresa de seguridad, con lo cual omitió su obligación de realizar una licitación pública como lo marca la ley, y además de eso el contrato se habría dado por el doble de lo que se paga por esos servicios en el sector público.

“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados. Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, sostiene.