FGR detiene a exfiscal de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, acusado de presuntos actos de traición a la patria por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico realizado en abril pasado, sin autorización de las autoridades federales.

En un mensaje difundido el sábado 17 de octubre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la orden de aprehensión fue concedida por un juez federal después de una investigación que comprendió más de cien diligencias de campo y gabinete.

En su mensaje, la fiscal no menciona directamente a la CIA ni hace referencia explícita a la gobernadora panista Maru Campos.

El caso se remonta a una operación realizada en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde personal de la Fiscalía estatal intervino en acciones relacionadas con un laboratorio clandestino de drogas, posteriormente asegurado y desmantelado por la FGR.

De acuerdo con Godoy, la investigación permitió establecer que el entonces fiscal estatal habría autorizado la intervención de ciudadanos estadounidenses en actividades que corresponden exclusivamente a las autoridades federales, sin contar con los permisos correspondientes.

La funcionaria sostuvo que esa actuación podría constituir un delito contra la seguridad nacional, al vulnerar las disposiciones constitucionales que impiden a las autoridades estatales asumir facultades reservadas a la Federación o transferirlas a representantes de otros países.

Uno de los antecedentes centrales del caso es la muerte de cuatro personas en un accidente vehicular ocurrido cuando regresaban del operativo en la zona serrana. Entre las víctimas se encontraban dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses, identificados en reportes periodísticos como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Según la titular de la FGR, las investigaciones determinaron que no existía justificación legal para la presencia de los extranjeros en aquella operación ni para que los mandos estatales autorizaran su participación.

También se documentó que ambos estadounidenses habían visitado en distintas ocasiones las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, sin que se acreditara una causa que justificara esas actividades.

Godoy señaló otras irregularidades en la actuación de las autoridades chihuahuenses. Entre ellas, que el operativo fue ejecutado sin las atribuciones legales correspondientes y sin que previamente se hubiera iniciado una carpeta de investigación.

La fiscal contrastó esas omisiones con declaraciones públicas del propio Jáuregui, quien había señalado que la operación fue resultado de varios meses de preparación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas bajo su responsabilidad.

Otro de los señalamientos se refiere al presunto ocultamiento de información al Gobierno federal. Según la FGR, el exfuncionario conocía que los hechos investigados correspondían a delitos del ámbito federal, pero no informó oportunamente a las autoridades competentes.

Por el contrario, sostuvo Godoy, la Fiscalía estatal compartió información con personas extranjeras y notificó a las autoridades federales únicamente después de concluida la operación.

Maru Campos, ausente del mensaje

Aunque la investigación involucra directamente a instituciones de seguridad y procuración de justicia del Gobierno de Chihuahua, Ernestina Godoy no mencionó por su nombre a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ni hizo señalamientos sobre su posible conocimiento o participación en los hechos.

La omisión resulta relevante por la trayectoria de César Jáuregui dentro de la administración estatal. Antes de encabezar la Fiscalía de Chihuahua, fue secretario general de Gobierno de Maru Campos, con quien ha mantenido una estrecha relación política.

En su mensaje, la titular de la FGR hizo referencia a la actuación de autoridades estatales y a la coordinación institucional durante las investigaciones, pero concentró los señalamientos penales en las decisiones atribuidas al exfiscal.

Tampoco precisó si la gobernadora tuvo conocimiento previo de la participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo de El Pinal o si fue informada posteriormente de las circunstancias en que se desarrolló.

La ausencia de referencias directas a Campos no permite establecer que estuviera enterada de las presuntas irregularidades, pero tampoco resuelve las interrogantes sobre el conocimiento que tuvo el Gobierno estatal de una operación que, según las declaraciones atribuidas a Jáuregui, requirió varios meses de preparación.

Tras conocer los hechos, la FGR asumió las investigaciones y realizó las diligencias que finalmente derivaron en la orden judicial contra el exfiscal.

La titular de la dependencia también informó que la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra Jáuregui por presuntos delitos del fuero común, en un procedimiento distinto al de la investigación federal.

El caso ocurre en medio del debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Aunque ambos gobiernos mantienen mecanismos de intercambio de inteligencia para combatir al crimen organizado, la administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido que esa colaboración no autoriza la participación directa de agentes estadounidenses en operativos dentro del territorio mexicano.

La investigación coloca bajo escrutinio tanto la intervención de personal extranjero como las facultades de las autoridades estatales para coordinar operaciones relacionadas con delitos federales.

Jáuregui había defendido públicamente su actuación en el operativo de El Pinal y asumido la responsabilidad de las decisiones tomadas durante su gestión. El exfiscal dejó el cargo el 27 de abril pasado.

La FGR aseguró que continuará con las investigaciones y que informará sobre los avances conforme lo permita el proceso judicial.