FGR acusa al Poder Judicial de beneficiar a Lozoya

La Fiscalía General de Justicia (FGR) acusó este domingo al Poder Judicial de actuar en favor de Emilio Lozoya Austin en el caso de Odebrecht, luego de que el día de ayer el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el desechamiento de las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía en contra del exdirector de Pemex.

En un comunicado, la FGR afirmó que los jueces y magistrados han «vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad» en contra de las víctimas, que en este caso son el Estado Mexicano y la empresa Pemex.

La Fiscalía argumentó que las pruebas desechadas fueron obtenidas gracias a dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional, al estar establecidas en el artículo 133, por lo que al no considerarlas el Poder Judicial violenta su propio Código Penal.

«Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces, de esa competencia, le otorgó beneficios a Emilio “L” que artículos expresos de la legislación le niegan», agregó.

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Estas declaraciones son en respuesta a la confirmación del Tribunal del desechamiento de los comprobantes financieros de bancos suizos y registros de transferencias a empresas offshore, que habían sido desechadas originalmente por el juez de control Gerardo Alarcón López, al considerar que fueron obtenidas de manera ilegal por el Ministerio Público y se violó el secreto bancario.

El exdirector de Pemex se encuentra acusado de haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares para acordar contratos con la constructora Odebrecht. Sin embargo, en el juicio se ha permitido que se descarten pruebas en contra de Lozoya.

Ante lo cual recientemente el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, denunció como presunto juzgador corrupto al juez Alarcón por ordenar la suspensión del procedimiento que se lleva a cabo en contra de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.