Exhibe Rodríguez Bucio a jueces por proteger a Murillo Karam y exsecretarios de Veracruz

El subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió nuevamente a jueces y magistrados, esta vez presuntamente por proteger a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, y exservidores púbicos en Veracruz, dos de ellos pertenecientes a los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

Al inicio de la ‘mañanera’, Luis Rodríguez Bucio expuso que el exprocurador Jesús Murillo Karam habría recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, para una de sus dos vinculaciones a proceso, pese a no merecerla. Al respecto, indicó que el juez de distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio Norte de Ciudad de México (CDMX), José Rivas González, usó el encargo de la guardia el 2 de noviembre para cambiar la medida de prisión preventiva, argumentando cuestiones de salud, en favor del acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el Caso Ayotzinapa.

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Este opinó que la determinación del juez Rivas González viola el curso regular de la justicia, pues se aprovechó del sistema de turnos en los juzgados y fijó un plazo de dos horas y media para la celebración de la audiencia de revisión de medidas. Asimismo, acusó que omitió el análisis del alto riesgo procesal de sustracción presentado por el CENAPI-FGR y que la salud del procesado es estable.

El exencargado de la Guardia Nacional también mencionó tres casos de supuesta protección a exservidores públicos en Veracruz. El primer caso abordado fue el de Tito “N”, exalcalde de Tierra Blanca, sobre el cual denunció que el 24 de abril de 2023 José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, le otorgó un amparo contra la vinculación a proceso del exmandatario municipal por daños ambientales y luego fue confirmada la decisión por el Segundo Tribunal Colegiado.

“Uno de los argumentos fue que no se le pudo considerar partícipe de delitos ambientales a Tito ’N’ por el solo hecho de haber firmado una contratación a una empresa para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente por tirar basura a cielo abierto. Ello a pesar de que la FGE Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial en criminalística y en materia ambiental que acreditan como irreversible el impacto ambiental generado”, se leyó en su presentación.

Por otra parte, criticó que Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, recibiera un amparo tras ser acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública. Este argumentó que esa acción estuvo presuntamente encaminada a posicionar al hijo del entonces mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Márquez, de cara a la elección del 2018.

El general dijo que el responsable de ello fue el Juez Primero de Distrito en Veracruz, Fermín Santiago Santiago, bajo el argumento de que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas fueron arbitrarias o sin fundamento legal. Esto porque, según él, de no haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del Estado, argumento que validaron dos de tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Séptimo Circuito.

De manera similar, el subsecretario recriminó que Gabriel Deantes Ramos, oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, subsecretario de Finanzas y Administración, y secretario del Trabajo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fuera beneficiado con un amparo. Sobre ello dijo que la Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, dejó insubsistente la audiencia del 15 de junio, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito.

Finalmente, Luis Rodríguez dijo que ella adicionalmente pidió al juez de control citar a las parte para una nueva audiencia a fin de valorar variar o no la prisión preventiva. Esto porque consideró que se le había enjuiciado al exsecretario veracruzano sin considerar su presunción de inocencia, la idoneidad y la proporcionalidad de la prisión preventiva pese a que ya había sido sentenciado a seis años y seis meses de prisión; ante eso, el 9 de octubre de 2023, el juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Sartorius impuso resguardo domiciliario como medida cautelar.