Dueña de pipa que explotó en Iztapalapa ya pagó 90% del monto por reparación del daño: Alcalde

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la empresa responsable de la pipa que explotó en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre de 2025, pagó ya el 90% del monto calculado para la reparación del daño. Esto a poco más de tres meses del trágico suceso que dejó en total 32 víctimas fatales que fueron alcanzadas por las llamas que tuvieron como epicentro el Puente de la Concordia.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la titular de la FGJCDMX, Bertha María Alcalde Luján, declaró que los resultados técnicos de la fiscalía y la buena disposición de la empresa Silza generaron que esta última reconociera su responsabilidad en la explosión de la pipa en Iztapalapa. Asimismo, dijo que esto ha permitido procesos de mediación con las víctimas antes de llegar a una etapa judicial, siempre con el acompañamiento de las autoridades, avanzando en el diálogo para construir acuerdos que permitan acelerar la reparación del daño y evitar procesos largos y revictimizantes.

«En términos de resultados, el monto total estimado de reparación del daño asciende aproximadamente a 480 millones de pesos (mdp). De ese total 430 mdp ya han sido pagados, lo que representa un avance del 90% en el caso de víctimas fallecidas y lesionadas. El avance es mayoritario en términos de pagos realizados. Se ha cubierto la reparación correspondiente: a 28 de los 31 casos de fallecimiento; a cuatro de seis personas con lesiones que pusieron en peligro la vida; la totalidad de los 15 casos de lesiones mayores a 60 días; 14 de 14 personas con lesiones de 15 a 60 días; 25 de 25 personas con lesiones menores a 15 días; así como tres casos de lesiones que dejaron cicatriz», especificó.

La fiscal se negó a compartir detalladamente los montos otorgados a cada una de las víctimas, argumentando cuestiones de seguridad y que tal información está reservada. No obstante, precisó que de los montos entregados, 266 mdp son para familiares de personas fallecidas; 136.5 mdp fueron asignados a personas lesionadas; y 27 mdp se pagaron a personas que sufrieron daños de otro tipo.

Bertha Alcalde Luján compartió que los casos pendientes se concentran principalmente en daños materiales y en situaciones específicas que requieren trámites sucesorios, definiciones sobre patria potestad o seguimiento individualizado. En ese sentido, añadió que, hasta el momento, de las 144 víctimas que dejó el trágico incidente en el oriente de la capital nacional, 127 de ellas ya han recibido un pago por la afectación correspondiente; no obstante, citó la existencia de 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas.

La encargada de la procuración de justicia en CDMX afirmó que este proceso ha logrado montos históricos para la reparación de daños, en relación a otros obtenidos en accidentes o sucesos de lesiones culposas u homicidios dolosos a diversas víctimas. A la par, resaltó que estos pagos a personas que sufrieron el lamentable hecho se han dado en un tiempo significativamente menor.

Finalmente, sostuvo que esto no es casualidad, sino el resultado de una investigación sólida y de un acompañamiento institucional constante, no solo por parte la fiscalía, sino por el gobierno capitalino y de una negociación sustentada en evidencia técnica. Enfatizó que la investigación no solamente está buscando sancionar a los responsables, sino también obtener información clave para generar condiciones de mayor seguridad para los ciudadanos.

Durante la exposición de los avances en la reparación de daños a las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, la funcionaria reiteró que la responsabilidad inmediata fue del conductor de la unidad que transportaba el combustible, por circular a exceso de velocidad y perder el control del vehículo, al desviarlo de su carril e impactarse con el muro. Asimismo, expuso que hay evidencia de que la empresa operadora incumplió obligaciones que, al omitirse, provocaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente.

“En particular, deber de capacitar adecuadamente al operador, en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fuga de gas LP y deber de supervisar y controlar las jornadas de conducción verificando tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de fatiga que incrementan el riesgo de pérdida de control”, precisó.

En tanto, mencionó que los estudios periciales permitieron descartar problemas en la vía de circulación y fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente. En ese sentido, declaró que la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables.