Defiende SFP nuevos formatos de declaración patrimonial de servidores públicos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) salió en apoyo de su titular, Irma Eréndira Sandoval, defendiendo los formatos de declaración patrimonial y de intereses para servidores públicos luego de que la senadora panista Xóchitl Gálvez acusara a esta de favorecer la opacidad y no permitir conocer copropiedades de estos con familiares y patrimonio de estos mismos.

La SFP señaló a través de un comunicado que los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses implementados a partir de este año permiten recabar «más y mejor información» respecto a los ingresos que tienen servidores públicos a fin de prevenir la corrupción y los beneficios particulares, añadiendo que estos formatos tuvieron el apoyo tanto de Irma Eréndira Sandoval como por el mismo Sistema Nacional Anticorrupción.

«Cuentan con mayor información y garantizan el derecho constitucional a la protección de los datos personales, con lo que se evita poner en riesgo la integridad y la información de las personas», precisó la Secretaría, argumentando que fue su titular quien expuso la necesidad de que los servidores públicos declararan sus copropiedades con terceros, así como el patrimonio de dependientes económicos y sus parejas.

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En el escrito, la SFP destacó que estos nuevos formatos mandatan a altos mandos, desde subdirecciones de área hasta Presidencia de la República, a declarar no solamente sus ingresos sino los conflictos de interés que podrían tener en el ejercicio de su cargo, en tanto que servidores públicos de menor nivel solo deberán llenar un «formato simplificado» puesto que el propósito es «centrarse en las principales zonas de riesgo» y no distraer al personal ni recursos institucionales.

El día de ayer, Xóchitl Gálvez criticó que Irma Eréndira Sandoval retirara los formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018 para sustituirlos por estos, ya que esos daban pie a que de manera obligatoria se declararan las copropiedades, así como parejas, cónyuges, yernos, hijos y hasta familiares de segundo grado, acusando que fue bajo amenaza a que tuvo el apoyo de otros funcionarios para establecer el nuevo modelo que, de acuerdo a la legisladora, adolece de no hacer públicas las copropiedades.