Debaten Gálvez, Creel y Paredes sobre seguridad y corrupción; la priísta da golpe a Xóchitl

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, diputado con licencia del PAN, y Beatriz Paredes Rangel, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debatieron sobre seguridad y corrupción. Esto durante el primer foro regional planteado como parte de la etapa tres del proceso de selección de la candidatura del Frente Amplio por México.

Durante sus distintas intervenciones, Santiago Creel declaró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el de “la muerte” por la inseguridad y la violencia que se vive. Asimismo, aseguró que el crimen organizado se ha expandido durante el actual sexenio hasta lograr ejércitos de 45 mil personas cada uno, al grado de tener presencia en otros países.

Pese a tales acusaciones, el secretario de Gobernación del presidente Vicente Fox Quesada aseguró también que drogas como la cocaína proceden de los países andinos, que los precursores de drogas como fentanilo vienen de Asia y que las armas provienen de Estados Unidos. Ante eso, dijo que él propondría la realización de una conferencia continental a realizarse en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para adoptar todos una misma dirección contra del crimen.

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Por otra parte, Creel Miranda expuso que él apostaría por estructurar de fondo lo relacionado con la prevención del delito mediante policías municipales que trabajaran de manera coordinada y con ámbitos de competencia definidos para estar correctamente vinculados con la federación. No obstante, aceptó que la “limpieza” de las corporaciones no es posible hacerla en un corto plazo, sino que se requeriría de un programa de transición y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer reformas y redefinir sus obligaciones y facultades.

El aspirante panista expuso que para él también es necesario restructurar de fondo la procuración y administración de la justicia, así como el sistema penitenciario; al respecto, aseguró que sin la aplicación de la ley no hay manera de disuadir el delito. Asimismo, pugnó por retomar el Sistema Nacional Anticorrupción, dejar de obstruir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (Inai) y rescatar a la actual “titubeante y presionada” Auditoría Superior de la Federación.

Por último, al hablar de corrupción Santiago Creel cito como ejemplos de eso al colapso de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, la muerte de migrantes en una estación gubernamental y los motines en los penales por permitir que los capos formen “autogobiernos” en los reclusorios. En tanto, señaló que hay un retroceso en materia de derechos humanos por la falta de autonomía de la comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra.

En el caso de Xóchitl Gálvez, la senadora inició sus participaciones acusando que AMLO tiene complicidades con el crimen organizado y exigiéndole que dé la cara a los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Enseguida, aseguró que la estrategia de seguridad “abrazos, no balazos” solo fue una ocurrencia presidencial que debe ser sustituida por la formación de un mejor equipo de especialistas en la materia, mejores medidas contra la delincuencia y la aplicación de la ley.

Al ser cuestionada sobre cómo bajar los índices de la delincuencia, esta aseguró que lo que se requiere es aplicar la justicia cívica porque los delincuentes comienzan cometiendo faltas administrativas o cívicas. Esta afirmó que esa estrategia funciona porque cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, Ciudad de México eliminó las micheladas del barrio de Santa Julia y los homicidios se redujeron.

Asimismo, la política hidalguense externó que hace falta garantizar autonomía a las fiscalías, aunque no expuso cómo hacerlo; en tanto, dijo que ella garantizaría recursos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y poderes judiciales porque se está intentando intimidar a los organismos autónomos mediante recortes presupuestales. Por otra parte, habló sobre los desplazados por la inseguridad, ante lo cual recomendó verificar si hay condiciones para que esas poblaciones vuelvan a sus lugares de origen o se piense cómo dotarles de tierras para crear nuevos poblados.

Xóchitl Gálvez dedicó también su participación sobre corrupción para acusar al actual gobierno federal de encubrir supuestos casos de corrupción como “las casas de Bartlett”, “la casa gris” de José Ramón López Beltrán, el desfalco a Segalmex y el sobrecosto de la refinería ‘Olmeca’. Por el contrario, aseguró que ella ha denunciado siempre la corrupción y demolió edificios con pisos ilegales como delegada.

Fue ante ese comentario que Beatriz Paredes sobresalió en el debate al decir que para combatir la corrupción primero se requiere no ser corruptos y tener las “manos limpias”. “Se necesita que en la hoja de servicios no tengan denuncias y que no se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental”, pronunció.

Aunque el comentario no fue directo, cabe destacar que fue justo después de la participación de la senadora panista; asimismo, este se da en medio de las acusaciones de tráfico de influencias contra Xóchitl Gálvez. Ello luego de que López Obrador develara contratos para sus empresas por parte de desarrolladores inmobiliarios que operan formalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Paredes Rangel expuso que se requiere convocar al país a reencontrarse con la ética para no engañar y ocupar el tema “anticorrupción” como una “bandera demagógica”. Adicionalmente, pidió a las distintas organizaciones del frente a asumir como indispensable exigir desde ahora un cambio en la estrategia de seguridad ante las desapariciones, homicidios, feminicidios y crímenes contra comunicadores.

Junto a eso, la senadora priísta sugirió la creación de un Ministerio de Justicia con capacidad de articular diversas políticas y evaluar el papel de las fiscalías. A la par, sugirió garantizar que los sistemas de readaptación no sean escuelas para delincuentes y la alta seguridad en los reclusorios para evitar motines.

Finalmente, puso sobre la mesa la idea de que el fiscal general de la República sea elegido por los colegios de abogados e instituciones académicas de Derecho. Ello para que esta figura no sea más “cómplice” del presidente; en tanto, dijo que ella modificaría el nivel de ingreso de los participantes del poder judicial y establecería un servicio civil de carrera.