De invalidarse el Plan B, SCJN estaría sustituyendo al Congreso, acusa Presidencia

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informara que este lunes 8 de mayo discutirá el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que propone la invalidación de todas las reformas aprobadas en el primer paquete del Plan B, la Presidencia de la República afirma que, de concretarse el aval a este proyecto, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión en su facultad legislativo.

El Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que el Congreso sí cumplió con el proceso legislativo que demandan las leyes, pues la dispensa de trámites es una atribución que está reglamentada en las cámaras cuando la mayoría del pleno determina que una iniciativa es de urgente u obvia resolución, y por medio de la cual faculta a los legisladores para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin que esta haya pasado por comisiones.

Por ello, dijo que el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán no considera esta dispensa de trámite, además de que es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental, pues también no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando “es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin de resolver la cuestión planteada”, porque de haber lo hecho, afirma, “su proyecto se habría emitido en otro sentido”.

Además, señala que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 de la Primera Sala de la Corte, y así se explica en la exposición de motivos de las leyes reformadas en el primer paquete aprobadas en diciembre de 2022 a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Pero que dicha consideración tampoco fue tomada en cuenta por el ministro ponente “a pesar de que constituye una cuestión de interés público, ya que se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida por el propio tribunal constitucional, lo que evidencia la parcialidad del proyecto propuesto”, acusa.

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La Presidencia de México también afirma que le resulta inexacto que el proyecto de Pérez Dayán —propuesto para llegar a la Corte por Felipe Calderón en 2012— señale que se haya trasgredido el principio de “deliberación democrática” en el Congreso a la hora de avalar el Plan B, pues las cámaras cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, e incluso con los criterios de la propia SCJN, y para ello, sostuvo, basta dar lectura a las versiones estenográficas de las sesiones de ambas cámaras, así como a las gacetas parlamentarias para darse cuenta de lo contrario.

“Contrario a lo que se afirma en el proyecto de sentencia, no se afectó en forma alguna el principio de deliberación democrática y que se agotaron las etapas del proceso legislativo en el que participaron todos los grupos parlamentarios por conducto de sus legisladores”, precisa.

Asimismo, el gobierno de López Obrador llama a la Corte a que en su decisión de mañana, si no consideran los argumentos anteriores, recuerden que ellos mismo en 2021 resolvieron que en las reformas “debe prevalecer el fondo sobre la forma”, como lo estable el artículo 17 constitucional y que ellos consideraron para resolver el recurso de reclamación 66/2021 relacionado con la Ley de hidrocarburos.

“El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”, subrayó.

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Por otro lado, criticó que la Corte haya desechado su petición de discutir primero las demandas presentadas desde 2018 contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), antes de que las que presentó la oposición y que sí discutirá este lunes. Ante lo que aseguró existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal, que en cinco años no se ha “querido” dictar sentencia, y otro distinto para las normas “que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México” y que en caso de que mañana se vote se estaría resolviendo en tres meses, a pesar de que se trata de la misma norma impugnada.

Finalmente, la Presidencia subrayó que la SCJN al ser “un poder derivado”, sin legitimidad popular, “no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso”, como fue en este caso, porque hacerlo, “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.

En este sentido, reiteró el llamado a los ministros para que “actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”.