Comisiones del Senado avalan reforma para pasar la Guardia Nacional a Sedena

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la reforma para pasar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 25 votos a favor, por parte del bloque legislativo de la “Cuarta Transformación” y 10 en contra, por parte del bloque opositor.

Durante el debate, el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), expresó que la oposición erraba al acusar que el pase de la Guardia Nacional a Sedena signifique una militarización, ya que esta implica crímenes como los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Acteal o el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey. Sostuvo que hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la “Cuarta Transformación” no ejerce la “guerra sucia” porque son diferentes y su ejército ahora es para la paz y construye el bienestar para el pueblo.

“El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum en Quintana Road, la participación de la exitosa campaña nacional de vacunación contra el Covid. Los viveros de la Sedena han sido pilares para el programa sembrando vida, reconocido como el mejor programa ecológico mundial”, expresó.

También a favor habló la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual indicó que , según el «diccionario de la real lengua española”, la militarización tiene elementos específicos que en México no existen. En ese mismo sentido, la senadora morenista Andrea Chávez Treviño aseguró que hoy se habla con mucha ligereza de la militarización pero que este es un concepto que popularizó la izquierda en la década de 1970 para denunciar el nacimiento de dictaduras militares que eran parte del ‘Plan Cóndor’ de Estados Unidos para eliminar a los izquierdistas.

“Casi lo lograron fueron 100 mil militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados no tienen justicia […] ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no, cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que dimos nacimiento, se habla de desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, eso no está pasando en México. No porque pasemos a la Guardia Nacional a Sedena evocamos ese concepto negativo”, argumentó.

En contra, la senadora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que su partido hace unos años aprobó extender hasta 2028 el plazo para usar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Precisó que ellos entienden que es difícil formar una policía en tan poco tiempo, pero recordó que siempre advirtieron que estaban contra un mando militar.

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Además, aseguró que la reforma actual es inconvencional por ser violatoria de derechos humanos dado que extiende el fuero militar a los guardias nacionales, permitiendo que ciertos delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones sean juzgados por tribunales militares. A la par, indicó que se desacata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

De manera similar, la senadora Claudia Anaya, también del PRI, expuso que el dictamen modifica todos los artículos donde actualmente la Guardia Nacional aparece como un cuerpo policial y se le define como un cuerpo de seguridad. Mencionó que ello importa porque el Código Nacional de Procedimientos Penales regula la actividad específica para los policías, pero todos los artículos de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados distinguen a los policías municipales, nacionales o federales de los guardias nacionales. “La Guardia Nacional ya no va a ser una policía, pasa a ser un cuerpo militar, así lo dice todos los artículos”, dijo.

Finalmente, el senador Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que él no apoyaba el dictamen porque cree que sí es una militarización y que esta estrategia solamente ha elevado la violencia en los últimos 18 años. Mencionó que de 60 mil homicidios en el gobierno de Vicente Fox Quesada subieron a 120 mil con Felipe Calderón Hinojosa al iniciar la “guerra contra el narco»; luego aumentaron a 160 mil con Enrique Peña Nieto; y finalmente ascendieron a 200 mil en el actual sexenio. A la par, indicó que el sexenio calderonista hubiera 18 mil desaparecidos y en este suman 50 mil, de forma que incluso la cifra de ejecuciones podría estar subestimada.