Luego de que se diera a conocer el caso de la exhumación de los restos mortuorios del bebé Tadeo, quien fue trasladado a un penal desde un panteón de Iztapalapa, el gobierno de la capital del país prepara una reforma al Código Penal local para que se sancione hasta con 10 años de prisión a quien comercialice restos humanos.

La propuesta que presentó el jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, en conjunto con el titular de Servicios Legales, Néstor Vargas, explicaron que se plantea adicional una pena de tipo penal que iría de 5 a 10 años de prisión para quien de manera ilegal “distribuya, comercialice o transporte, sin la autorización o permiso de la autoridad correspondiente, personas fallecidas, partes o restos humanos áridos”.

Dicha pena que se incrementará en dos terceras partes cuando quien participe desempeñe un cargo como servidor público, empleado de cementerios, empleado de agencia que preste servicios funerarios, de cremación o traslado de cadáveres.

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Además de que proponen que se aumenten las penas de 2 a 8 años a quienes exhumen, oculten, destruyan o sepulten personas fallecidas son los requisitos de ley. Esto antes se sancionaba con penas de 3 meses a 2 años.

Mientras que el castigo para quienes violen o profanen sepulcros será de 3 a o años de cárcel, cuando antes era de 1 a 5 años como máximo.

Además, como parte del cambio de estrategia para asegurar la no profanación de las tumbas, el gobierno de la ciudad, encabezado por Claudia Sheinbaum, adelanta que vigilará los panteones con cámaras conectadas al C5 las 24 horas de los 365 días del año.

Asimismo, se vigilará que las personas que ingresen a los cementerios no cometan conductas delictivas o infracciones administrativas. Adicional a ello se creará un registro digital de inhumaciones o exhumaciones que se deberán anotar diariamente y que será de consulta pública.