Cámara de Diputados ha lugar a acusaciones contra Robles ante el Senado

La Cámara de Diputados ha lugar a acusar ante el Senado de la República a Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones como titular de la Sedatu y Sedesol entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Luego de una corta sesión ungida como órgano acusador, la Cámara de Diputados votó mayoritariamente a favor de las conclusiones de Juicio Político que realizó la Sección Instructora. Tatiana Clouthier, como denunciante, criticó la actitud de Rosario Robles para usar recursos públicos traicionando la voluntad ciudadana, convirtiendo esto en una regla nacional durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto y dañando con ello el acceso a la educación, alimento y salud de personas.

Además, se dirigió a los panistas ausentes para que juntos manden un mensaje de justicia al país, haciendo valer las facultades que la Cámara tiene de manera constitucional a fin de que sean utilizadas en bien del pueblo mexicano.

Alberto Javier Sánchez Rojas, defensor de Rosario Robles ante el Juicio Político, argumentó que se habían atentado contra los Derechos Humanos que, como persona y mujer, corresponden a la ex titular de la Sedatu, acusando que se vio una saña inaudita contra su persona pasando sobre tratados internacionales suscritos por México y el Estado de Derecho, siendo incluso esto visto en la acción de notificar la resolución ayer a las 6:30 de la tarde, imposibilitando la preparación adecuada de la defensa.

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Finalmente, el abogado de Robles pidió no cerrar los ojos ante las violaciones procesales dado que no tenía fundamentación el realizar el juicio político al ya haber sido inhabilitada antes por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y estar enfrentando un juicio penal, calificando lo realizado por la Cámara de Diputados únicamente como un escarnio público.

Tras ello, la defensa salió del Salón de Sesiones, donde el presidente de la Sección Instructora, el diputado morenista Pablo Gómez, refutó esto último diciendo que la Cámara no podía guardar silencio luego de que su propia Auditoría (ASF) fuera la que documentara la “Estafa Maestra”, por lo que debía terminarse la “nefasta” tradición de que solo el presidente impartiera justicia política.

Gómez precisó que el Congreso puede hacer ello por decisión propia, sin embargo, debido al presidencialismo, había abdicado a sus facultades constitucionales, negando que se trate de una venganza política o acusación contra una persona, sino a una forma en la que una administración pública federal procedió.

Además, apuntó que por parte de la defensa no hubo negación de los hechos ni se presentaron los últimos alegatos pedidos por la ley, por lo que a partir de ahora la Cámara de Diputados podrá reclamar en lo sucesivo que los servidores públicos de alto rango se apeguen a la ley e intereses públicos para lograr un buen despacho de lo mismo.

Aunque el dictamen final fue aprobado para que el juicio político sea retomado por el Senado, las críticas de Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se hicieron escuchar.

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Por parte del primero, el diputado Juan Carlos Villareal Salazar recordó cómo se presentó de manera “cínica” a su última comparecencia como secretaria de Estado y, creyendo en la culpabilidad de la misma; sin embargo, criticó que se estuviera haciendo una “justicia selectiva” al no estar acusando a titulares de otras dependencias gubernamentales vinculadas a la ‘Estafa Maestra’ e incluso al expresidente Peña Nieto o su exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

En tanto por el PRI, Anilú Ingram criticó que se estuviera discutiendo un juicio político lleno de violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia pese a tener en vilo la seguridad de 5 mil empleados de la Cámara de Diputados al hacerlos ir pese a la pandemia del Covid-19.

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