Cámara de Diputados aprueba en lo general el «Plan B»

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el “Plan B” de reforma constitucional político-electoral y administrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como en comisiones, el dictamen fue apoyado por los partidos de la “Cuarta Transformación” y Movimiento Ciudadano, ante la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El legislador emecista Pablo Vázquez Ahued consideró una exageración llamar al dictamen «reforma electoral» y resaltó que el cambio que hizo el Senado, al suprimir los cambios propuestos a la Revocación de Mandato, daba pauta a una nueva discusión. Al respecto, consideró que esta reforma constitucional reducirá el costo de las democracias locales; minimizará el gasto del Senado a mediano plazo; y eliminará ciertos privilegios y derroche en varias instancias electorales, por lo que la bancada naranja apoyaría el dictamen.

«Movimiento Ciudadano no será un obstáculo para reducir privilegios y para reducir el derroche de los recursos públicos de todas las y los mexicanos, pero tampoco seremos comparsas del juego de distractores que se vive en el pequeño mundo de la polarización política», mencionó.

Desde el PT, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos consideró que la reforma recoge el principio de «austeridad republicana» y lo establece ahora como eje rector del ejercicio del gasto público. En ese sentido, explicó que la adición al artículo 134 establecerá claramente las remuneraciones de las consejerías de los órganos electorales federales y estatales.

Asimismo, resaltó que el artículo tercero transitorio mandatará la reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República en un 15% en términos reales respecto del ejercicio fiscal de 2026. También subrayó que las modificaciones al artículo 115 harán que los municipios tengan una sindicatura y hasta 15 regidurías.

«La austeridad no es un castigo y no es una política de recorte sin sentido. Es una decisión ética y política, que busca terminar con los excesos y garantizar que cada peso del Presupuesto se utilice en beneficio de la población», argumentó.

En tanto, el morenista Leonel Godoy Rangel advirtió a la oposición que lo que se votaría era una legislación contra los privilegios, a favor de la transparencia del uso de los recursos públicos y el manejo institucional de servidores públicos. «Eso es lo que estamos votando nosotros el día de hoy, no a los privilegios, no a los gastos onerosos de los Congresos locales y los cabildos, en los ayuntamientos”, planteó.

Te puede interesar: “Plan B” de reforma político-electoral y administrativa de Sheinbaum avanza en comisiones de San Lázaro

En contra, Abigail Arredondo Ramos, integrante del grupo parlamentario del PRI, señaló que la reforma es un distractor porque no atiende problemas de fondo que hoy requiere la democracia mexicana ni abona a construir un sistema político más eficiente. Planteó que la regulación a regidurías no tendrá un verdadero impacto, dado que únicamente 61 de 2 mil 462 municipios reportan más de 15 regidurías.

«La manera en que está redactado el texto abre la puerta a un efecto contrario […] se verá alguna manera de conseguir que haya muchos más regidores en esos municipios en donde no llegan a 15 y en esos 20 estados en donde [los congresos locales] no tienen el 0.7% de presupuesto se lo van a aumentar», advirtió.

En el mismo sentido, Laura Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN, planteó que la desaparición de los regidores previstos en la propuesta presidencial implica un ahorro del 1%. En tanto, dijo al oficialismo que si deseaba ahorrar recursos debía fijarse en sus «proyectos faraónicos» como Pemex, Mexicana de Aviación, el Tren Maya, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Corredor Interoceánico.

Tras el debate, el dictamen fue aprobado en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones. Enseguida inició la discusión particular de 99 reservas; al cierre de la nota, se habían discutido 45 y se preveía el rechazo o retiro del resto de ellas, así como su aprobación en lo particular por mayoría calificada, asegurada con los votos de la “4T”. De suceder así, será enviada a los 32 congresos locales para que sea discutida por los diputados locales.