California, Texas e Illinois, los estados con más mexicanos indocumentados

64 por ciento de los 11.5 millones de migrantes de primera generación que llegaron a Estados Unidos viven en los estados de California, Texas e Illinois, datos que coinciden también con la población de connacionales sin documentos legales para permanecer en ese país, de acuerdo con estudios del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Según las propias estimaciones del gobierno de México de 2024, presentadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tomadas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, del total de mexicanos que viven en el país vecino que asciende a 38.4 millones, 4.8 millones son indocumentados, o como les llaman en Estados Unidos, están en una situación “no autorizada”.

Pese a que el número de inmigrantes mexicanos sin documentos en Estados Unidos ha descendiendo en los últimos años al pasar de haber tenido un pico en 2008 de 7.7 millones a llegar 5.1 millones en 2022, lo que representa el 45 por ciento del total de 11 millones 337 mil personas inmigrantes no autorizadas que viven en el país de las barras y las estrellas, de acuerdo con el último censo oficial, las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump, que hoy tomará las riendas del país en un segundo mandato, ponen en el ojo de sus amenazas de deportaciones masivas juntamente en los condados con mayor número de mexicanos indocumentados.

Aunque se tiene determinado que la mayor concentración de mexicanos no autorizados está en los condados de Los Ángeles, California, que comprende ciudades como Bervely Hills, Santa Mónica, Long Beach, Pasadena, Santa Clara, entre otros; así como en Harris, en Texas, que tiene dentro de su demarcación a ciudades como Spring, Pasadena, Crosby, Houston, Humble, Deer Park, entre otras más; y Cook County, en Illinois, dentro del que está Chicago, Evanston, Maywood, y otras más, también en estos mismos lugares se ubican más mexicanos que sí cuentan con documentos para permanecer en el país.

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Sobre esto último, el Instituto de Política Migratoria indica que de los 3.8 millones de mexicanos que viven en California legal o ilegalmente, un millón 152 mil 600 viven en el Condado de Los Ángeles, esto es casi un tercio del total de mexicanos que viven en esa entidad. En el caso de Texas, en el condado de Harris County, viven 458 mil 700 connacionales de los 2.3 millones que tienen como hogar ese estado. Y finalmente en el condado de Cook County, en Illinois, habitan 390 mil 200 paisanos de los 637 mil que radican en esa entidad.

Por ello, no es casualidad que el zar migrante del gobierno de Donald Trump que este lunes tomará posesión, Tom Homan, haya anunciado que las redadas de deportaciones masivas vayan a iniciar en San Diego y Chicago, porque a la primera la consideran una de las ciudades principales de cruce ilegal de personas que llegan por la frontera con México, y a Chicago por ser una ciudad “santuario” para migrantes, pues el alcalde Brandon Johnson ha dicho que defenderá a los inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales tienen prohibido cooperar con los funcionarios federales de inmigración. Además de que Chicago se convirtió en albergue de muchos migrantes que fueron enviados en autobús y avión por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

Ante el desafío de Johnson, Homan advirtió que el primer día estará en Chicago para iniciar la política antimigrante del presidente Donald Trump. “El alcalde de Chicago dijo que no soy bienvenido en Chicago. Bueno, ¿adivinen dónde estaré el primer día?”, señaló. A la par que también se dirigió a San Diego diciéndole que “San Diego debería quitarse de en medio”, esto luego de que la Junta de Supervisores del Condado votó en diciembre pasado para convertirse en una ciudad “supersantuario”.

Estas amenazas han llevado a las autoridades de la ciudad de Chicago a advertir a los inmigrantes sobre redadas en lugares muy visibles como fábricas, restaurantes, donde trabajan los connacionales, por lo que los invitan a memorizar números telefónicos de sus abogados, familiares, además de que aprendan los derechos que tienen en caso de que agentes del ICE los detengan.

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Se estima que de los 38.4 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, 11.5 millones de primera generación, 26.9 millones de segunda generación —es decir que nacieron en Estados Unidos y por tanto son ciudadanos—. Entre los de primera generación, 4.8 millones indocumentados, estos llevan más de 10 años viviendo en ese país, algunos alcanzan hasta los 25 años de haber llegado, y son originarios principalmente de Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Chiapas.

Destaca también del total de mexicanos no autorizados, 433 mil 800 son parte del programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lo que les proporciona un alivio temporal de deportación y les da autorización de trabajo a quienes cumplan con los criterios que se solicitan. Los connacionales que fueron llevados por sus padres cuando eran menores de edad, representan el 81 por ciento de todos los inmigrantes beneficiarios del programa que concentra a 835 mil participantes.

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en general, 25 por ciento de los connacionales que viven en Estados Unidos, legal o ilegalmente, tienen empleos en ocupaciones de recursos naturales, construcción y mantenimiento; en tanto que el 21 por ciento labran en producción, transporte y traslado de materiales, pero el 26 por ciento tiene empleo en ocupaciones de servicio; el 16 por ciento en tareas administrativas, de negocios, ciencias y artes y solo el 11 por ciento está en ventas y oficina.

Estas estadísticas destacan que los mexicanos en Estados Unidos tienen ingresos menores ante los migrantes de otros países debido a que tienen un nivel académico más bajo, pues el 50 por ciento tiene estudios menores al bachillerato. También se revela que el 34 por ciento de los connacionales no cuentan con cobertura médica, lo que representa un alto índice frente al 29 por ciento que sí cuenta con un seguro público y el 41 por ciento que tiene seguro, pero porque paga uno privado.