Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova, criticaron la denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputado, Sergio Gutiérrez Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de posponer algunas actividades de la consulta de Revocación de Mandato.

A través de un posicionamiento firmado por los 11 consejeros, éstos se dijeron “muy preocupados” por las acciones emprendidas por el presidente de la Cámara Baja, pues aseguran que “pretende convertir un diferendo legal en una persecución penal” con la denuncia hecha ante la FGR contra los conejeros que votaron a favor del aplazamiento y del secretario Ejecutivo, aun cuando este último no vota las decisiones colegidas.

Agregan que la denuncia presentada por Gutiérrez Luna por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos se trata de una acción “injustificada y sin sustento jurídico” que lo único que busca es “inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que le competen”.

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“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, subrayaron.

Los consejeros explican que puede haber diferencias, que sus decisiones tomadas dentro del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas políticas, pero eso lo prevé la ley, por tanto, pueden ser impugnadas, “como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”.

Sin embargo, estas decisiones, insistieron “no deben ameritar la persecución penal”, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

Aseguraron que finalmente serán las instancias jurisdiccionales correspondientes quienes decidirán, conforme a derecho, y “el INE siempre acatará esas decisiones”.
Finalmente, sostuvieron que “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.