Austeridad afecta atención a víctimas de violación de derechos humanos

Derivado de la pandemia por Covid-19, el gobierno federal implementará más medidas de austeridad en dependencias y entidades de la administración pública federal para hacer frente a la crisis sanitaria, entre los órganos afectados se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la que se le determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente.

La dependencia federal informó que su presupuesto asciende a 139.4 millones de pesos, por austeridad se le reducirá 75 por ciento del gasto corriente, la CEAV determinó que no se tomó en cuenta que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

El impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), trasciende primordialmente en el ajuste de las nóminas debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing, lo que representa que el 60 por ciento de los empleados se verán afectados.

La CEAV adelantó que no será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país, hasta el momento estos gastos ascienden a 121.9 millones de pesos y alerta que ello detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.

“Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras”, afirmó el CEAV. Asimismo, la austeridad obligará a la Comisión a desaparecer el área de traslados, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda y tampoco los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales podrán asistirlos.

La austeridad obliga a reducir el 30% de asesores jurídicos impidiendo brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, esto también impedirá tramitar ayuda para 5 mil víctimas al mes. Asimismo, 7 mil 200 víctimas no podrán ser atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en el territorio nacional para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.

La CEAV tampoco podrá ayudar a las víctimas con alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones. Además, el área jurídica también se tambaleará, pues de los 453 juicios de amparo, 154 se encuentran en etapa de cumplimiento, tampoco habrá abogados suficientes para emitir resoluciones.

Habrá un rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017, asimismo, se encontrarán pendientes mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.

La CEAV alertó que tampoco será posible atender las solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área jurídica. La reducción del personal también afectará a la Unidad de Género, quedando pendientes programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

La Comisión afirmó que se cancela la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, que tiene como objetivo dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.

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