La bióloga Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la difama al simplificar lo ocurrido en la concesión de permisos para la explotación pétrea en Playa del Carmen, Quintana Roo, por parte de la empresa Calica en 2000.

En un posicionamiento hecho a través del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba), Julia Carabias indicó que es falso que la única autoridad competente para autorizar esos permisos de impacto ambiental era la Semarnap. Al respecto señaló que desde 1986 iniciaron las operaciones de Calica en la zona con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales.

Por ejemplo, señaló que en 1996 el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años, hasta 2016, fue renovando la autorización; en tanto, comentó que en el año 2000 la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la Semarnap, autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual sometió la empresa para expandir sus actividades a los dos predios mencionados.

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«La MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental», argumentó.

Julia Carabias dijo que la explotación pétrea es legal en México, pero que las autorizaciones de impacto ambiental no son cheques en blanco. Al respecto aseguró que se impusieron entonces condiciones relacionadas al manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y compensación y la restauración de áreas afectadas.

Dicha declaración contrasta con la acusación del mandatario mexicano y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes aseguraron que una de las concesiones no tenía fecha de vigencia.

La bióloga expuso también que el gobierno de AMLO tiene actualmente fundamentos jurídicos y técnicos para evaluar si esa explotación minera operaba dentro de parámetros ambientales aceptables. Por ejemplo, señaló que la demanda de Calica, acusando al gobierno de afectación de sus derechos, fue porque en 2009 el gobierno de Quintana Roo cambió la regulación y declaró los terrenos incompatibles para la minería.

En tanto, la exsecretaria de Medio Ambiente comentó que desde 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) habría realizado inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales de Calica.

Finalmente, Julia Carabias pidió a AMLO conocer y resolver la situación para que no ponga en riesgo a quienes defienden la naturaleza y los Derechos Humanos. «Yo no tengo doble moral, como me calumnia, siempre he actuado bajo mis principios y en el marco de la legalidad», dijo.