Aeropuertos mexicanos, en manos de multimillonarios, empresas extranjeras y Sedena

Desde el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ en Zumpango, Estado de México, la discusión sobre los aeropuertos nacionales se ha vuelto un tema cotidiano. Este mes ha retomado importancia dado que con la compra de la marca ‘Mexicana de Aviación’ se anunció que sus boletos podrían ser hasta 20% más baratos gracias al uso de instalaciones propias donde la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es menor a los centros concesionados.

Durante el actual gobierno , AMLO ha tenido entre sus banderas la construcción, ampliación y modernización de aeropuertos de México. Entre estos se encuentra la edificación del AIFA y el Aeropuerto Internacional ’Felipe Carrillo Puerto’ en Tulum, Quintana Roo; la ampliación del aeropuerto de Tepic, Nayarit; y la modernización de los de Chetumal, Quintana Roo, Palenque, Chiapas y Campeche, Campeche.

Cabe destacar que los primeros dos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y serán las bases principales de operación de la nueva ‘Mexicana de Aviación’, renacida nuevamente como empresa paraestatal. En tanto, los aeropuertos locales tienen participación del gobierno nacional a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo que opera, administra, construye y conserva aeropuertos.

De acuerdo con el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, elementos castrenses se encuentran haciendo ajustes en otros aeropuertos bajo la jurisdicción de ASA para incluirlos en los destinos de la nueva aerolínea. Entre estos están los ubicados en Ciudad Ixtepec, Oaxaca; Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ciudad del Carmen, Campeche; Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales, Sonora; Loreto, Baja California Sur; Palenque, Chiapas; Huejotzingo, Puebla; Tamuín, San Luis Potosí; Uruapan, Michoacán; y Colima, Colima.

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Pero, ¿qué sucede con el resto de aeropuertos en México? En 1998, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León inició un proceso de privatización de los 35 aeropuertos más rentables. Dichos centros aéreos sirvieron para conformar cuatro grandes grupos regionales que recibieron concesiones con inicio de vigencia del 1 de noviembre de 1998 y por un periodo de 50 años con posibilidad de prórrogas de acuerdo con la Ley de Aeropuertos.

Dentro de las entidades creadas en 1998, el único que quedó bajo control del gobierno federal fue el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM),  al cual le fue designado concesionario por 50 años el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es tenedora directa del 99% de las acciones de GACM, por lo que tiene influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la entidad. El resto ha ido privatizándose y cayendo en manos de inversores nacionales y extranjeros.

Grupo Aeroportuario del Centro-Norte

El primero de ellos es el Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, S.A. de C.V. (OMA), el cual contiene 13 aeropuertos internacionales ubicados en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero; Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Durango, Durango; Mazatlán, Sinaloa; Apodaca, Nuevo León; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Torreón, Coahuila; y Zacatecas, Zacatecas.

El actual presidente del consejo corporativo es Nicolas Notebaer, miembro de VINCI Group Executive Committee, empresa francesa que actualmente funge como el accionista mayoritario tras comprar el 29.9% del capital social que estaba en posesión de  Fintech Holdings. Dicha firma gestiona en total 72 aeropuertos en 13 países de Europa, Asia y América, por los que obtuvo ingresos de 2 mil 679 millones de euros en 2022 de acuerdo con su propio portal de internet.

La empresa también presume que el año pasado transportó a 210 millones de pasajeros a través de aeropuertos como Londres-Gatwick, el segundo más grande de Reino Unido; el Lyon-Saint Exupéry Airport en Francia; el Osaka International Airport en Japón; así como en otros centros en Estados Unidos, Chile, Serbia y República Dominicana.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V.

El segundo conglomerado pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V. (GAP), el cual controla los aeropuertos internacionales del Bajío en Silao, Guanajuato; Guadalajara,Jalisco; Hermosillo, Sonora; La Paz, Baja California Sur; Los Mochis, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Mexicali, Baja California; Morelia, Michoacán; Puerto Vallarta, Jalisco; San José del Cabo, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; y Aguascalientes, Aguascalientes.

En 1999, el gobierno federal vendió una participación inicial del 15% de la Compañía a AMP a la sociedad Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, SAPI de CV (AMP). Actualmente, el 66% de esas acciones están en manos de Corporación Mexicana de Aeropuertos, compuesta por las empresas  Pal Aeropuertos S.A. y Promotora Aeronáutica del Pacífico (PAP).

La presidenta del consejo corporativo del GAP es la empresaria Laura Díez Barroso Azcárraga, propietaria de PAP junto con su esposo Carlos Laviada Ocejo. Actualmente también es presidenta del Grupo Financiero Santander México; en el pasado, esta fue directora ejecutiva de Editorial Televisa y co-creadora de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México junto a Carlos Slim.

Asimismo, destaca que dentro del consejo de administración está Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, jefe de Oficina de la República (1994-1997) y secretario de Energía (1997-2000) del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de Léon, así como secretario de Comunicaciones y Transportes (2006-2009) de Felipe Calderón Hinojosa. Cabe resaltar que este último forma parte de una familia que ha participado en la política nacional posrevolucionaria, ya que su abuelo fue Manuel C. Téllez Acosta, secretario de Gobernación (1931-1932) del expresidente Pascual Ortiz Rubio y secretario de Relaciones Exteriores (1932) en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez.

Dicho grupo aeroportuario también tiene participación de capital español a través de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a través de AMP, pues participaa con el 33.33% de su capital. Según detalla en su propio portal de internet, al 31 de diciembre de 2022, esta última ya era socia estratégica de GAP con el 19,016%.

Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR)

Como parte de las desincorporaciones de los aeropuertos más importantes, el gobierno mexicano decidió vender de manera inicial aproximadamente el 15% de las acciones del Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR) a Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A.P.I. de C.V. (“ITA”) en 1998. Por otra parte, en septiembre del año 2000 se realizó una oferta pública del 74.9% del capital del corporativo para convertirlo en el primer grupo aeroportuario cotizando simultáneamente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Para los primeros años de la privatización, ITA fungía como una propiedad con acciones de Copenhagen Airports, Tribasa, Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Cintra) y Groupe GTM, S.A. Sin embargo, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo fue comprándolas hasta alcanzar la posesión del 100% de las acciones de la compañía en 2010, aunque desde 2005 tuvo el derecho de pasar a ser el presidente del Consejo de Administración de ASUR.

Fernando Chico Pardo no es cualquier empresario. Aunque no cuenta con una actividad pública tan seguida en comparación de otros como Germán Larrea o Carlos Slim, Forbes lo colocó en el lugar 20 de su lista de multimillonarios mexicanos hasta 2023 con una fortuna de 2,600 millones de dólares, 39% más respecto a lo que tenía en 2022.

Dicho aumento no sería fortuito sino resultado de que este grupo tiene bajo su control los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Huatulco y Oaxaca, Oaxaca; Veracruz y Minatitlán, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y Mérida, Yucatán, algunas de las urbes turísticas más importantes del país. Además, manifestó un alza en el uso de los servicios al reportar 39 millones 523 mil 958 usuarios en el 2022, 35.6% más que en 2021 como parte de la recuperación de cifras tras la pandemia de la Covid-19.