Cámara de Diputados
Mario Delgado celebra que el Congreso recupere facultad de juicio político
El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), celebró que el día de hoy la Cámara de Diputados asuma esa facultad constitucional para sancionar políticamente las conductas indebidas de los servidores públicos. Esto luego de que se aprobara el dictamen de juicio político en contra de Rosario Robles.
Mario Delgado celebró que luego de 90 años de no asumir la facultad constitucional hoy comience a ejercer nuevamente la atribución de iniciar un juicio político para sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos como ocurrió con Rosario Robles, quien enfrenta las denuncias relativas a ‘La Estafa Maestra’.
Este negó las acusaciones de la defensa de la ex titular de Sedesol respecto a que los juicios penal y político se tratarían de una ‘venganza política’, afirmando que al menos en el caso de la Cámara de Diputados hubo un análisis del caso y se encontró que hay una presunción de que Robles sería culpable del desvío de más de 7 mil millones de pesos a partir de la triangulación de recursos.
Asimismo, adelantó que tras la dictaminación será notificada de dicho juicio en las próximas 72 horas a fin de que ella decida si se presentará, si buscará su defensa de manera escrita o si desistirá de comparecer, para que, a partir de que sea avisada, tengan 30 días para presentar pruebas, por lo que espera que aproximadamente el 6 de enero la sección instructora se reunía para revisar las pruebas o decidir extender 15 días más el plazo para continuarlas recabando.
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No obstante, se negó a hablar de otros posibles juicios políticos, insistiendo en que lo importante era recuperar la capacidad de sanción de la Cámara mandando una señal de que durante esta legislatura se estará trabajando en cada una de las denuncias y estas no volverán a quedar más en la ‘congeladora’.
Al final de la sesión, el diputado Gerardo Fernández Noroña declaró en tribuna que el proceso en contra de Rosario Robles es una demanda popular y no una venganza política ni ‘de género’ como algunas personas han intentado argumentar en defensa de la ex jefa de gobierno del entonces Distrito Federal.
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