Diputados aprueban en lo general reforma para evitar el ‘huachicol fiscal’

La Cámara de Diputados aprobó reformar diversas leyes y el Código Penal Federal a fin de terminar con el ‘huachicoleo fiscal’ que la oposición ha acusado de ‘terrorismo fiscal’. Diputados del PAN, PRI, PRD y MC cuestionaron medidas como la prisión preventiva afirmando que el equiparar delitos fiscales con delitos de seguridad nacional es algo desproporcionado.

A favor, las bancadas de Morena, PT y PES señalaron que es necesario proteger la hacienda pública dado que daña a la gente al limitar la capacidad de las políticas públicas. De manera puntual, Paola Tenorio, de Morena, comentó que esta reforma únicamente facultará al SAT para que elimine las bandas de facturas falsas y servidores públicos que colaboran con ellas, añadiendo que deberían avergonzarse quienes insisten en que son medidas extremas las que se tomarán dado que en los últimos 4 años se han identificados más de 9 mil empresas con operaciones simuladas y 8 millones de facturas falsas.

Por parte del PT, Óscar González y Benjamín Robles Montoya, argumentaron respectivamente que la facturación falsa ha sido forjada por sectores de la sociedad que provocaron una competencia desleal entre empresas y que únicamente se procederá en contra de aquellas operaciones iguales o mayores a 7 millones 804 mil pesos, por lo que es falsa la premisa de que se procederá ante todos por igual.

Las críticas comenzaron, como en anteriores ocasiones, por parte del PES. El diputado Iván Arturo Pérez subió a tribuna para decir que, si bien compartían con el presidente el interés por terminar con el ‘huachicoleo fiscal’, son ellos, los legisladores, quienes deben establecer con claridad cómo se debe hacer instando a sus compañeros de bancada y aliados para que se revise con cuidado forma lo redactado ya que pareciera ser que todavía no se ha dicho bien cuál es el alcance.

Por parte del PRD, Verónica Juárez mencionó que este dictamen abre tramposamente la puerta para incrementar la prisión preventiva y se convierta nuevamente en una regla generalizada dando vuelta al artículo 19 constitucional lo cual reafirmaría que este gobierno no escucha a organizaciones sociales, empresariales, nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.

Su compañero de bancada, Antonio Ortega, reprochó esta serie de reformas afirmando que el SAT lo único que necesita es reforzar los mecanismos con los que cuenta para investigar a las empresas y personas físicas sin la necesidad de trasladar esta obligación a los contribuyentes.

En el mismo sentido, el panista Marco Adame precisó que existían ya algunas herramientas con las que el SAT contaba para combatir estos delitos, por lo que dijo que se estaban confundiendo los medios con los fines atentando contra la confianza de contribuyentes, lo que provocará menor inversión en el país y con ello se provocará que no haya solvencia para solventar los programas sociales del actual gobierno.

Por parte del PRI, Enrique Ochoa y Dulce María Sauri comentaron que su partido está en contra de las facturas falsas, pero no así al abuso de la prisión preventiva oficiosa ni de las maniobras legislativas para ampliar el catálogo de delitos que puedan ser abordados mediante esta medida preventiva. Además, advirtió que las voces de economistas deben ser escuchadas ante las advertencias de futura caída en la recaudación en caso de aprobarse esto.

Finalmente, de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro coincidió en que la propuesta actual de reformas es desproporcionada puesto que en lugar de estar buscando dar “tiros de precisión” contra los evasores, se están “tirando cañonazos” que eventualmente dañarán el objetivo pero también a empresarios y otros contribuyentes.

Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo general por 18 votos a favor, 3 abstenciones y 121 en contra. Tras ello comenzó la discusión en lo particular, sin embargo, la presentación de reservas fue infructuosa debido a que ninguna tuvo el apoyo mayoritario para la entrada a discusión.

Entre ellas se solicitó infructuosamente reformas al artículo 2 fracción VIII de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, así como al artículo 5 de seguridad a fin de no violentar los derechos humanos de las personas como lo planteó la morenista Lorena Villavicencio, quien dijo que existe en el dictamen una violación a un sistema penal acusatorio cuya construcción fue difícil por lo que es necesario dar al contribuyente inocente defenderse en libertad.

Enrique Ochoa, del PRI, volvió a la tribuna para solicitar cambiar el artículo 5 fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional para evitar incluir a la defraudación fiscal de una ley que no contempla delitos como el el narcotráfico, robo de hidrocarburos o tráfico de personas, delitos que ahora serían “menores” a un error de un contador. Asimismo en el Código Fiscal de la Federación pidió separar la compra de la creación de facturas falsas a fin de que no tengan las mismas penas.

De su mismo partido, Soraya Pérez Munguía, advirtió que los auditores del SAT podrán determinar las clasificaciones en la materia por lo que si determinan que una factura puede ser falsa o no coincidir con la realidad, esto puede equipararse a “defraudación”, entrando así la legislación en el terreno de la percepción.

En el mismo tono, en la tribuna desfilaron Tonatiuh Bravo (MC), Norma Rodríguez (PRD), Abril Alcalá (PRD), Martha Tagle (MC), Carlos Morales (Sin Partido), Antonio Ortega (PRD), María Alemán (PRI) y Hortensia Noroña (PRI), sin embargo, corrieron la misma suerte que los diputados citados.

Finalmente, por votación de 6 votos a favor, 16 abstenciones y 144 votos en contra por lo que se turna al ejecutivo.

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