ONGs exigen en Puebla iniciar trabajos por alerta de género

Organizaciones sociales están exigiendo al gobierno del estado de Puebla iniciar los trabajos relativos a la resolución emitida por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para activar la alerta de género en 50 municipios de la entidad.

Organizaciones como Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. e Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, señalaron que diversas fuentes advierten que desde 2015 a la fecha los feminicidios superan las 300 víctimas en la entidad ante las cuales solamente se tienen 20 sentencias condenatorias en ese periodo.

Las organizaciones señalan que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) desmantela la discrecionalidad que operaba frente a la acumulación de recomendaciones y medidas parcialmente cumplidas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y delitos conexos con los feminicidios como las desapariciones y la violencia sexual.

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La crítica que realizan a la AVG es que en ella no se considera la especificidad y el tratamiento que debe darse a las diversas violencias, evidenciando que más que atender las problemáticas de manera particular, las autoridades de CONAVIM ponderan la operatividad antes que actuar para erradicar de manera estructural las prácticas que han terminado con la vida de las mujeres.

Sin embargo, estas ONG exigen al gobierno poblano dar cumplimiento a cada uno de los resolutivos emitidos conforme a los más altos estándares de derechos humanos que protegen y garantizan la vida e integridad de las mujeres. Además, señalan en el marco de la transparencia y el derecho de acceso a la información, se hagan públicas cada una de las medidas adoptadas.

Las organizaciones señalaron también, que el Grupo Institucional y Multidisciplinario debe actuar con la debida transparencia en cada una de las acciones para dar un seguimiento puntual, monitoreo y evaluación al proceso y la declaratoria, así como acatar las recomendaciones por el Grupo de Trabajo con el objetivo de abonar a las medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres.

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