México rechaza sanciones del Grupo de Lima contra Venezuela

El gobierno de México, en voz de Maximiliano Reyes, subsecretario de América Latina y el Caribe, indicó que México no se adhería a la declaración del Grupo de Lima que este pasado viernes emitió, en la que se esgrimen acciones que países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Perú y Santa Lucía) emprenderán en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, empezando por desconocerlo como presidente de aquel país desde el 10 de enero de este año.

De acuerdo con el subsecretario Reyes, México no suscribiría las acciones propuestas porque estas solo abonarían a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, obstaculizando el diálogo para enfrentar la crisis que viven al cerrar un canal de comunicación necesario para lograr el propósito principal del Grupo de Lima (encontrar salidas a la crisis económica, política y social que vive Venezuela).

Adelantó que México mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela para considerar las propuestas de acción o gestión diplomáticas que las distintas fuerzas políticas y sociales de la nación sudamericana formulen para facilitar el entendimiento entre ellas y el desarrollo de aquella población en un «marco de paz, democracia y seguridad».

El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó ante los presentes que el actual gobierno de México está convencido de que este tipo de acciones y sanciones, lejos de resolver la situación en el país, abonará al deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de Venezuela. Además, hizo el llamado a la reflexión sobre las consecuencias que las medidas acordadas pueden tener para los habitantes aquel país, considerando que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos es la mediación y el diálogo, no el aislamiento propuesto.

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El documento firmado por integrantes del Grupo de Lima está enfocado a medidas para presionar al actual gobierno venezolano a dejar el poder, acusando que las últimas elecciones carecieron de legitimidad por no contar con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni presencia de observadores internacionales.

Entre las medidas acordadas se encuentran reevaluar el estado o nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela, impedir a altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países firmantes, evaluar el otorgamiento de préstamos al gobierno de Nicolás Maduro, suspensión de cooperación militar, intensificación de contactos con países no miembros del Grupo de Lima y la aceleración de trámites ante la Corte Penal Internacional para investigar al gobierno venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad.

El posicionamiento del actual gobierno de México contrasta con el que tuvo la administración de Enrique Peña Nieto vía Luis Videgaray. Durante los primeros días del 2018, el entonces secretario de Relaciones Exteriores señaló que Nicolás Maduro era el responsable de la crisis en Venezuela, acusando que el orden democrático había «sido gravemente minado».

Posteriormente, en el mes de marzo se reunió con opositores al gobierno de Venezuela y unos días antes de las últimas elecciones en aquel país sudamericano, señaló, en una de las reuniones del Grupo de Lima, que «las elecciones previstas en Venezuela no cuentan con la participación de la oposición, no cuentan con observación internacional ni ofrecen las garantías de un proceso democrático libre y justo».