Corte Interamericana imputa a México violaciones en caso Atenco

El Estado mexicano ha sido encontrado responsable de los delitos de violencia sexual, violación y torturas en el Caso «Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México». Este es el veredicto en San José, Costa Rica, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien revisó los casos de mujeres violentadas durante los operativos realizados por la policía municipal, estatal y federal en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco durante las manifestaciones campesinas los días 3 y 4 de mayo de 2006.

Se mencionó que la responsabilidad internacional incluye el delito de tortura que sufrieron once mujeres víctimas de este caso, así como la privación de la libertad, a quienes se les retuvo sin notificación alguna y carecieron de una defensa adecuada. De manera definitiva, señaló el resolutivo que en el operativo implementado durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, las víctimas fueron trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social «Santiaguito», siendo siete de ellas sometidas a la violencia sexual y posteriormente, varias de ellas recibieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas en el Cereso, quienes se negaron a practicarles exámenes ginecológicos y registrar alguna agresión sexual.

Este tribunal internacional concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad pública hizo uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que, bajo su propio criterio, asumieran que formaba parte de dichas manifestaciones. Además de estas resoluciones finales, agregaron que se había encontrado que la tortura fue utilizada como una forma de control social, que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica (estereotipada y discriminatoria) y que el tratamiento recibido por parte de los médicos fue cruel y degradante.

La Corte Interamericana, tras este veredicto, ordenó al Estado mexicano que se realicen medidas de reparación, continuando e iniciando, en su caso, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que permitan determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la violencia ejercida en este operativo, brindando, también, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas de este caso.

Finalmente, agregó que se solicitó al gobierno mexicano la creación de un mecanismo de monitoreo del uso de la fuerza, un plan de capacitación de la Policía Federal y del Estado de México, así como un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual.