Destacan el derecho a la ciudad como eje de nueva Constitución de la Ciudad de México

El derecho a la ciudad fue el eje central del conversatorio realizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), en el que se abordaron las trabas y necesidades que este derecho necesita para su realización, así como el reconocimiento que hace de los Derechos Económicos, Sociales, Civiles y Ambientales (DESCA).

El evento, celebrado este lunes, tuvo como participantes a la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez; la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz; el miembro de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Courtis; el Magistrado de la Jurisdicción Especial para La Paz en Colombia, Oscar Parra Vera, y la Magistrada Federal, Carolina Isabel Alcalá Valenzuela.

Nashieli Ramírez abrió el conversatorio con un mensaje en el que recalcó la importancia del derecho a la ciudad como un eje fundamental en la nueva Carta Magna que regirá la capital a partir del próximo 17 de septiembre; asimismo, declaró que los DESCA, que se han visto en un debate enardecido acerca de su status jurídico y legal, no deben ser tildados de «derechos imperfectos», sino como Derechos Humanos plenamente establecidos y exigibles.

Destacó también que la nueva constitución tiene un claro enfoque hacia las personas, pero no como entes individuales, sino como colectividad; además, establece los principios de igualdad y no discriminación, pero agregó que el texto debe tener un enfoque de derechos que los guíe.

Posteriormente, Soledad García celebró justamente la dimensión colectiva de la futura Constitución, pues declaró que se debe garantizar el derecho de que la vida citadina esté completamente equipada para sus habitantes. Esto, a su juicio, representa un cambio de paradigma en la manera de entender a la ciudad y a los ciudadanos. Además aprovechó para loar la disposición del pacto de San José (como se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en el reconocimiento pleno de los DESCA.

Christian Courtis, de la Oficina del Alto Comisionado, habló acerca de lo conflictivo que resulta el concepto de derecho a la ciudad por ser relativamente nuevo dentro de la terminología del campo; no obstante, señaló la interdependencia de derechos que necesita para su ejecución, la cual no solo se circunscribirá a su justiciabilidad (en tanto sujeto a recursos legales), sino a su cabal puesta en práctica gracias a los ajustes necesarios en otros rubros, en donde resaltó la importancia del derecho a la vivienda y su flaqueza en cuanto a jurisprudencia.

Señalo que ese derecho necesita mucha atención en México, pues solo cuando se subsanen los aspectos básicos de vivienda para las personas, tales como acceso a servicios de transporte, agua o a espacios públicos y recreativos, se logrará a plenitud el derecho a la ciudad.

En su intervención, Óscar Parra abordó el tema desde la necesaria visibilización de grupos en desventaja que también tienen que disfrutar de ese derecho a la ciudad, pues la equidad es necesaria para llevar a cabo tal derecho. Asimismo, dijo que cada vez es más necesario el diálogo entre la Geografía y los Derechos Humanos, pues hay que poner atención en los temas de territorialidad e identidad; la manera en la que se vive la experiencia en un lugar determinado.

Por último, la magistrada federal Carolina Isabel Alcalá exhortó a «empapar» a las nuevas generaciones en los Derechos Humanos, para que sean ellas quienes exijan el cumplimiento de los derechos y no esperen a que «hablen los expertos».

Además, abundó en la necesidad de dar a conocer los Derechos Económicos, Sociales, Civiles y Ambientales (DESCA) de manera «amable y accesible» en un ámbito global, para que la ciudadanía los pueda ejercer y posea un conocimiento amplio e interiorizado de ellos. Asimismo, reiteró su postura sobre la accesibilidad del derecho a la ciudad, al mencionar a grupos que tienen que ser incluidos en la Constitución, tales como los refugiados, las poblaciones indígenas asentadas en la Ciudad, o la comunidad afrodescendiente; ante esto, recalcó el carácter diverso de la población citadina, una «cabeza de medusa» que es necesario entender para hacer política que atienda a todo aquel que esté bajo sus normas.

El conversatorio finalizó con la aseveración de que el derecho a la ciudad significa un ampliamento en la plataforma de defensa los Derechos Humanos, y, como aseveró Nahieli Ramírez, que su reconocimiento es «de, hacia y para la equidad».