Desacuerdos entre autoridades deja en el aire a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa

La Comisión de la Verdad que deberá investigar los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y los procesos subsecuentes se encuentra en el aire ya que la Procuraduría General de la República dijo no “compartir el criterio”, mientras que en el Congreso de la Unión se discute sobre la constitucionalidad de esta medida.

La PGR mostró su desacuerdo por el fallo del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito de Tamaulipas el cual determinó que la investigación de los hechos ocurridos en 2014 no cumplió con los estándares de imparcialidad e independencia necesarios. En un comunicado la Procuraduría acusó a los magistrados de no respetar la división de poderes ni el artículo 21 constitucional, en el cual se especifica que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público.

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Amnistía Internacional, por medio de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que la reacción de la PGR es una muestra de que las autoridades mexicanas buscan defender la verdad histórica del caso Ayotzinapa pese a toda la evidencia contraria a ésta. AI también instó al Estado a realizar las acciones ordenadas, ya que representan un avance en la búsqueda de la verdad y la justicia tras “cuatro años de fracasos”. Esto por la falta de una fiscalía autónoma en México.

En el Senado el presidente de la Comisión de Gobernación, José María Tapia Franco, del Partido Revolucionario Institucional, coincidió en que el Poder Judicial “se excedió” al ordenar la creación de la Comisión de la Verdad. El senador priísta pidió esperar a conocer la opinión de la PGR cuando ésta sea informada debidamente, así como que este tema se pueda “dirimir a través de acciones jurídicas”.

Mientras que Angélica de la Peña, senadora del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, reconoció la importancia de este fallo. Esto argumentando que la orden dada por el Tribunal hace un reconocimiento de las recomendaciones hechas al gobierno mexicano por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

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