Megaoperativo de Mancera contra colonos en Tacuba

El gobierno de Miguel Ángel Mancera envió a alrededor de medio centenar de granaderos y unos 15 agentes de la Policía Bancaria e Industrial a impedir que colonos de la unidad habitacional Cañito 25 entraran al paradero de autobuses de Tacuba donde desde hace dos décadas han dejado a resguardo sus autos con permisos gestionados en ese tiempo con autoridades locales debido a la alta inseguridad y violencia que caracteriza a la colonia San Diego Ocoyoacac, en Miguel Hidalgo.

Aunque durante los rescates de personas en edificios colapsados por el sismo del 19 de septiembre pasado hubo numerosas quejas de voluntarios por la falta de apoyo de las autoridades del gobierno de Mancera para el envío de maquinaria pesada, en el operativo policiaco en San Diego Ocoyoacac de este viernes también se desplegaron por lo menos seis excavadoras y tráileres materialistas, con el pretexto de que se están haciendo reparaciones en el paradero a un costado del metro Tacuba, cuando en realidad, como se pudo observar, era para impedir también el acceso al lugar a colonos.

Durante el operativo, los granaderos lesionaron a la señora María del Pilar de la Rosa Gómez, de 59 años, a golpes de sus escudos. Así que después de 20 años de los colonos de intentar gestionar seguridad en la zona para ellos y su patrimonio, este viernes no sólo fueron desalojados, sino golpeados e incluso sus automóviles retenidos ilegalmente por los granaderos y policías bancarios.

Los granaderos decían ignorar quién los había mandado, a veces referían que la delegación, otras que el Centro de Tranferencia Modal (Cetram) del que depende el paradero, otras que los propios vecinos de la unidad habitacional; los policías bancarios decían que desde hace tres meses los han estado enviado a “resguardar” el paradero ante la falta de seguridad y violencia en la zona. Según el policía Ovedd Méndez Morales, de la PBI, hasta a ellos mismos los han atracado en calles aledañas. Sin embargo, los colonos aseguran que los bancarios usan el lugar para sólo estacionar patrullas.

De hecho, los policías bancarios llegaron –refieren los colonos afectados- hace un par de meses acompañando equipo de construcción y trabajadores, que empezaron a levantar el pavimento supuestamente para obras de remodelación del paradero, aunque también para obligar a los vecinos a retirar sus automóviles. Esto mientras delegaciones como Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco e Iztapalapa no se reponen de los daños en edificios, calles e infraestructura por el terremoto del 19-S.

Los colonos, que cerraron este viernes temporalmente la lateral de Aquiles Serdán en protesta porque les impidieron el paso al paradero hasta que fueron repelidos y encapsulados por granaderos, señalaron que quien dio la orden de desalojarlos y retener a la fuerza sus autos fue el administrador del Cetram Tacuba, a quien identificaron como Eduardo Hernández Hernández, quien se encontraba dentro del paradero, en medio de las obras de excavaciones, junto con su ayudante Jorge Lozano.

Desde la llegada a la jefatura de gobierno en el entonces Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera, los colonos de Cañito 25 han sido constantemente hostigados por los funcionarios en turno del Cetram, según refieren. De hecho, el año antepasado se reunieron en las oficinas centrales del gobierno capitalino con el que fungía entonces como encargado de despacho de la coordinación del Cetram, Guillermo Ramírez Droescher y un equipo jurídico del GDF de unos doce abogados.

El encuentro fue porque Ramírez Droescher había desde entonces dado órdenes de desalojar los automóviles de las alrededor de 80 familias que desde hace 20 años dejan a resguardo ahí sus autos, incluso ordenó a policías retirar una malla ciclónica que pagaron los vecinos para proteger a sus autos e incluso a los autobuses de las líneas que operan en ese paradero durante el día.

En esa reunión, el entonces funcionario comentó a la comisión de colonos que acudió a la cita, que el gobierno de Mancera ya había concesionado el espacio del Cetram Tacuba para otras cuatro líneas de autobuses foráneos, procedentes del estado de México, aparte de las que ya operan ahí.

A esto los colonos preguntaron a Ramírez Droescher que si trabajaba para el bienestar del estado de México y sus transportistas o si trabajaba para los ciudadanos del Distrito Federal, según refieren.

Después de esa reunión, los vecinos intentaron por enésima vez gestionar una nueva autorización con autoridades locales para que les concesionaran bajo contrato el espacio que ocupan sus automóviles, como lo ha hecho el gobierno capitalino con tiendas de vinos como La Europea y Alianza o concesionarias de automóviles como la Volkswagen, como las que hay en los bajo puentes de la avenida San Cosme y Circuito Interior o en esta última en la zona de Coyoacán.

Sin embargo, a pesar de que han acumulado cantidad de oficios de solicitudes, ninguna autoridad local se ha tomado la molestia de atender la petición de los colonos de Cañito 25, tal vez porque no pertenecen a ninguna cadena de vinaterías o poderosas concesionarias de automóviles.

Hace un par de décadas, años después de los terremotos del 19 de septiembre de 1985, se construyó la unidad habitacional Cañito 25 y sus actuales habitantes, unas 300 familias, algunas de ellas afectadas en sus anteriores casas por los sismos, fueron engañados al comprar los departamentos que supuestamente iban a tener estacionamientos. Cuando se los entregaron, su sorpresa fue que no tenían donde guarecer sus vehículos, que en la calle solían ser despojados por la delincuencia.

Ante esta situación, un grupo de vecinos de la unidad se organizó y buscó a autoridades locales para que les permitieran ocupar una acera del actual paradero (antes era un deshuesadero, refieren). El entonces director general del Cetram, Félix Godet Andreu, condescendió a sus necesidades de seguridad, y les autorizó el ingreso de autos en el espacio que hoy ocupan, mientras alguna otra autoridad atendía su problema. Han pasado ya dos décadas y la colonia San Diego Ocoyoacac, vecina de la Huichapan, Tacuba, sigue entre las que padecen más la delincuencia en la ciudad.

Apenas el 9 de diciembre pasado se viralizó un video en las redes sociales donde un hombre fue asesinado a balazos justo a un costado de una de las puertas de entrada unidad Cañito 25. Aun así, la delegación Miguel Hidalgo, que encabeza Xóchitl Gálvez, permitió la construcción de otra unidad habitacional (Cañito 39) a un costado de la de Cañito 25, unas 150 viviendas, según refieren trabajadores a la entrada de ésta, en cuya esquina se abrió un Oxxo ya varias veces asaltado.

Cuando el año pasado los vecinos de Cañito 25 recurrieron a Xóchitl Gálvez para que intercediera ante las autoridades locales, la panista en principio les dijo que si no tenían dónde guardar su coche, para que tenían uno, que mejor se compraran bicicletas. Después de recibir reclamos por estas palabras, la delegada decidió enviar al director general de Servicios Judiciales de Miguel Hidalgo, su correligionario Obdulio Ávila, quien gestionó varias reuniones de colonos y personal del GDF.

Este viernes, la situación se complicó para los vecinos, cuando después del mediodía llegaron decenas de granaderos y les bloquearon, sin orden judicial ni algún otro documento, el acceso a sus automóviles en el bajo puente donde está el paradero también de los Autobuses del Valle de México (AVM), que movilizan población no dentro de la Ciudad de México, sino al Edomex y Querétaro.