Consejos indígenas de Guerrero pidieron al gobierno federal detener a líderes de ‘Los Ardillos’

Alrededor de 600 integrantes del Consejo Indígena de Pueblos y Organizaciones de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) pidieron al gobierno federal detener a líderes del grupo criminal “Los Ardillos”, a quienes responsabilizan del desplazamiento de comunidades de sus lugares de origen por medio de ataques armados.

Durante su reunión en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, el 7 de agosto, Sixto Mendoza, integrante del CIPOG-EZ, dijo que seguirán las exigencias de justicia por los desplazados, asesinados y desaparecidos desde el 2014. Dijo que llevan 12 años de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada cuando las comunidades indígenas desean solamente vivir en paz y tienen derecho a tener una vida digna. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, un desplazado de  Xicotlán hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investiguen estos crímenes. Sostuvo que han sido Los Ardillos los responsables de la destrucción de sus casas, por lo que pidió detener a los responsables de esa “maldad” y violencia que han venido sufriendo. 

A la par, los presentes exigieron la libertad de Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ detenido desde el 17 de julio acusado del delito de homicidio. Aseguraron que él no cometió ningún crimen. Prisco Rodríguez Morelos, del CIPOG, afirmó que el detenido previamente ha tenido el valor de denunciar los ataques que estaban sufriendo las comunidades indígenas, la corrupción y vínculos de los delincuentes con las autoridades estatales.

“Lo que hoy el gobierno nos está demostrando es que se protege más a los delincuentes, a los que atacan a la gente, a los que los desplazan, a los que matan. Pero cuidado, ni se te ocurra levantar la voz porque hasta Almoloya de Juárez vas a ir a parar”, acusó.

David Sánchez, coordinador de la CRAC-PF, comentó que las comunidades indígenas están defendiendo su territorio organizando policías comunitarias dentro de la ley. En tanto, aseguró que “el enemigo” lo que desea es quitarle la tierra, los bosques, los minerales, el agua y otros recursos naturales, pero sostuvo que no se lo permitirán. 

Según lo reportado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña y _El Universal_, los participantes también exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a la presidenta de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino, por posibles vínculos directos con Los Ardillos. Además, reportaron que entre 2015 y 2026 han sido asesinadas 87 personas y 27 más fueron desaparecidas; aunado a eso, dijeron que durante los ataques ocurridos del 6 al 11 de mayo de 2026 fueron desplazadas 800 personas.