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Metrópoli

“Respaldo del PAN a Ruffo muestra de qué lado están los delincuentes ligados al huachicol”: Brugada

Foto: Especial

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, se pronunció respecto al caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California en prisión preventiva por acusaciones de “huachicol fiscal”, y sobre quienes sostienen que se trata de un “preso político” de la “Cuarta Transformación”.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada declaró que ella respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su lucha contra la impunidad. En tanto, apuntó que el hecho de que el expresidente Vicente Fox Quesada y exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se manifiesten en defensa de Ernesto Ruffo deja claro en qué espectro político están los delincuentes ligados con el “huachicol”

“Para nosotros queda bastante claro dónde están los delincuentes de ese tema que han querido desde la oposición –de manera mediática– confundir a la población [ligándolos con la “Cuarta Transformación”. Y miren los resultados, de investigaciones totalmente fundadas”, expresó.

Finalmente, la mandataria capitalina aseguró que el arresto del ahora miembro del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México no se trata de alguna revancha o una acción política. Por el contrario, insistió en que es resultado de una investigación totalmente seria y justificada que llevaba mucho tiempo en curso.

El pasado 24 de julio, Vicente Fox, exgobernadores y exlegisladores del PAN emitieron un mensaje exigiendo un procedimiento legal, imparcial, transparente y respetuoso para Ernesto Ruffo. Apuntaron que esto no era para defender la impunidad, sino el Estado de Derecho y las libertades de los mexicanos.

Asimismo, acusaron que las investigaciones se habían centrado en Ruffo Appel mientras permitieron el crecimiento del contrabando de combustible en México. Destacaron que Xóchitl Gálvez denunció en el proceso electoral de 2024 un esquema nacional de huachicol fiscal y en 2025 la Marina de México reconoció la existencia de redes de contrabando a gran escala que presuntamente involucraban a miembros de la propia institución.

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