Empresa de Ruffo fue indagada como parte de trama de huachicol fiscal desde 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) fijo su mirada sobre Ingemar, empresa a la cual está vinculado Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, desde al menos julio de 2025, cuando indagaba una trama de contrabando de combustible o “huachicol” fiscal. Tal pesquisa ocurrió luego de que el 8 de julio de ese año se reportara la confiscación de casi 15.5 millones de litros de combustibles en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-VER/000754/2025, desde el 29 de julio de 2025 la FGR comenzó una indagatoria ante la presunta identificación de agentes aduanales relacionados con omisión de información en el pago de impuesto para importación de combustible a México. Sobre ello señaló que dicho proceder ilegal afectaba las finanzas nacionales al evadir el pago de impuestos por el ingreso de hidrocarburos al territorio nacional, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o los Impuestos Especiales sobre Producción (IEPS)

Asimismo, indicó la posibilidad de haber elementos que indicaran la existencia de trámites aduaneros, referentes a la comercialización de combustible de origen legal, que confluyeran en otros delitos como la defraudación y la evasión fiscal, lo cual constituía el «huachicol fiscal» al buscar evitar el pago de impuestos.

Ante ello, inició la petición de información al Centro Federal de Inteligencia Criminal, como la relativa a folios mercantiles de 25 personas físicas. Además de recibir los registros existentes sobre ellas, el centro envió información general sobre personas morales, entre las cuales estaba Ingemar S.A. de C.V. Sobre esta, se indicaba que fue creada el 9 de agosto de 2018 en Ciudad de México. Asimismo, se describe su objeto social, el cual incluye diversas actividades comerciales y de servicios. Entre ellos, el IX menciona que:

«La sociedad podrá realizar toda clase de actividades que se permitan en el Sector Energético, como lo es de manera enunciativa la prestación de servicios integrales de perforación, operación, rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros», y;

«XXII.- Fabricar, producir, transformar, construir, empacar, usar, almacenar, comprar, vender, distribuir, explotar, importar, exportar, consignar, ensamblar, arrendar, reparar, y el comercio en general, por cuenta propia o ajena, de toda clase de mercancías, bienes, productos, servicios, implementos, partes, piezas, refacciones, accesorios y materias primas o elaboradas para la industria y el comercio en general».

El Consejo de Administración de la empresa quedó entonces en manos del socio mayoritario José Merino Valdés Cuervo, mientras que Ricardo Thompson Ramírez fue nombrado secretario y su hijo, Ricardo Thomson Navarro fue nombrado vocal.

Como parte de las primeras peticiones de información, el centro de inteligencia compartió a la FGR una serie de notas periodísticas en donde se mencionaba a las personas o empresas involucradas. Sobre Ingemar dio publicaciones con datos relativos a que el exgobernador sudcaliforniano se unió a Ingemar en 2021; que la empresa volcó su enfoque hacia el sector energético en 2019; así como de la obtención de un permiso para importar 500 millones de litros de gasolina y diésel pese a no tener la experiencia en la industria.

Asimismo, rescató una entrevista de Ruffo Appel con Ciro Gómez Leyva donde expresaba, ante primeros señalamientos por el decomiso en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, que tal corporativo solo es responsable del volumen que pasó bajo su permiso de importación, pero que la revisión del cargamento, en todo caso, correspondía a la aduana y que su empresa no lo inspeccionaba.

Según informó la fiscal Ernestin Godoy Ramos el 16 de julio, el resultado de primer bloque de investigaciones permitió a la FGR obtener órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, de los cuales cinco fueron ya detenidos. Entre estos están justamente Ernesto Ruffo, José Merino Valdés Cuervo y Ricardo Thompson Navarro.

Adicionalmente, argumentó que no se trataba de un tema político, como algunos opositores acusaron. En ese sentido, dijo que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio del presente año se han llevado a proceso a 407 personas relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, los cuales operaban tanto por vía marítima ferroviaria y terrestre.

“Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanes y personal autorizado”, precisó la titular de la FGR entonces sobre la identidad de las personas arrestadas acusadas de “huachicol fiscal”.