Sheinbaum pide a EU pruebas fehacientes contra Rocha; si no se dan, «es político»

Ante la petición de Estados Unidos de detener y extraditar a gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y nueve personas más por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide pruebas fehacientes en su contra para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda pedir una orden de aprehensión.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este 30 de abril, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer la lista de los servidores públicos de Sinaloa que están siendo investigados, la mandataria federal subrayó que no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero si no se presentan pruebas, dijo que se ve una intención política.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que no permitirá el injerencismo ni la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen sólo a México.

“Debe quedar sumamente claro que bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. ¿Verdad? Justicia y defensa de la soberanía. Este es nuestra posición”, expresó la presidenta.

En un posicionamiento que leyó al iniciar su conferencia, la presidenta detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco Álvarez, recibió este martes 28 de abril 10 documentos por parte del gobierno de Estados Unidos solicitando la extradición de igual número de personas, incluyendo al gobernador en funciones de Sinaloa y al alcalde de Culiacán.

Estas peticiones, señaló, fueron dadas a conocer por el Departamento de Justicia, pese a que los tratados internacionales en materia de extradición prohíben la divulgación de la información.

Detalló que una vez que el departamento jurídico de la SRE hizo un análisis de los documentos, los turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.

“Anexo a esta acusación publicó un documento denominado en español acusación de reemplazo bajo reserva. Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, dijo.

Recordó que la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, apuntó, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

Es decir, la propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. 

En ese sentido, dijo que desde que asumió la Presidencia de México juró hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Además del compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. 

“México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”.

Ante esto, dijo que como presidenta de la República, su posición ante los hechos de petición de la extradición de 10 ciudadanos mexicanos es: es verdad, justicia y de defensa de la soberanía.

Es decir, que si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutadas conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político.

“Debe quedar sumamente claro bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. ¿Verdad? Justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, insistió.