«Silvano Aureoles está oficialmente prófugo de la justicia»: Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que su antecesor, el exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, está oficialmente prófugo de la justicia. Esto dado que existe una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos como fraude, corrupción y enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa sus pesquisas para dar con el paradero del exgobernador Silvano Aureoles y cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Detalló que esta fue emitida por una jueza en Ciudad de México (CDMX) y que por ende ahora es catalogado como prófugo de la justicia.

El mandatario morenista expuso que por el momento no se puede brindar más información, pero que podía compartir que la FGR tiene datos de que el exgobernador está huyendo. En tanto, mencionó que las indagatorias para ubicarlo no se están concentrando en Michoacán, sino que también se están emprendiendo en otras entidades federativas.

Por su parte, Azucena Marín Correa, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM) explicó el motivo por el que este político está siendo perseguido y otros cuatro exfuncionarios fueron ya detenidos. Al respecto, narró que servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas y Administración, bajo instrucciones del exmandatario perredista, compraron a sobreprecio siete complejos de la Policía Michoacán, después de arrendarlos también a altos costos. Detalló que en ese periodo, el estado comprometió aproximadamente 5 mil millones de pesos para los cuarteles, de los cuales se erogó una cantidad de 3 mil 468 millones de pesos.

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Enseguida, expuso que dichas contrataciones se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. entre los años 2016 y 2017. Además, precisó que se detectaron otras irregularidades en este caso, como proyectos ejecutivos inexistentes; que la empresa no comprobó la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles; y los convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de los servicios.

La funcionaria compartió que el 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir la administración silvanista, se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa; además, se trataron de protocolizar las compraventas en una notaría de CDMX. En tanto, contó que la actual administración, a través de la Secretaría de la Contraloría, inició una auditoría a los cuarteles en noviembre del 2021, encontrando que los complejos ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilapan y Zitácuaro, cuentan con espacios lujosos y blindados, en contraste con pésimas instalaciones destinadas al personal operativo.

En cuanto al proceso de judicialización siguiente, comentó que en junio de 2023 se acumularon las carpetas que se estaban investigando por separado en las fiscalías especializadas. Ese mismo año, se presentó un escrito de denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por daño a mil 052 millones 222 mil pesos. Mientras tanto, el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) envió vista de los resultados de la investigación a la FGR.

Fue entonces cuando, a solicitud de la fiscalía, 31 servidores públicos comenzaron a ser presentados en calidad de testigos para aclarar este caso. Añadió que en febrero de 2024, el órgano encabezado por Alejandro Gertz Manero aseguró los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles mencionados. Asimismo, dio a conocer que para noviembre pasado, la SECOEM logró la reparación del daño al patrimonio del gobierno del estado por parte de la empresa, cantidad que ascendió a 970 millones 956 mil pesos.

Finalmente, indicó que lo visto en los últimos días fue producto de la judicialización de la carpeta por parte de la FGR, a fin de perseguir los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, cometidos presuntamente tanto por los cuatro exfuncionarios ya detenidos como por Silvano Aureoles.