Impuestos ambientales, ¿medida para mitigar la contaminación o sólo recaudatorios?

Pese a que el principal objetivo de la imposición de “impuestos ecológicos” en las entidades del país nació como una necesidad para controlar y desincentivar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o de evitar la contaminación de subsuelos, en la medida en que se han ido implementando han tomado más bien un carácter recaudatorio toda vez que aunque se cobran, estos son incluidos en una misma bolsa de ingresos que son usados de manera general, es decir, los estados no informan si realmente estos son empleados en acciones de mitigación de contaminantes o tienen otros destinos, a excepción de Guanajuato que sí los etiqueta.

Actualmente, en este 2025, hay 12 entidades que reciben ingresos por “impuestos verdes” como también se les llama a los gravámenes ambientales: Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Siendo Baja California, Coahuila y Zacatecas los primeros en implementar esta recaudación en 2018 y por la que recibían 83.8 pesos per cápita en promedio por los tres, estando Zacatecas muy por encima de los otros dos con 995.9 pesos per cápita.

Aunque en general hay cuatro conceptos por los cuales las entidades cobran impuestos ecológicos: Extracción de materiales del suelo, subsuelo, pétreos y minerales; emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; depósito o almacenamiento de residuos y emisión de gases a la atmósfera, estos no necesariamente son gravados por los 13 estados de forma generalizada porque hay algunos que únicamente imponen uno o dos, pero todos ellos tienen el mismo destino, llegar a la misma bolsa de recaudación general o al menos las entidades no disponen de una información clara y visible en sus páginas oficiales de qué se hace con esos recursos.

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En tanto que a nivel federal se cobraban tres impuestos: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y diésel, el Impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y por uso de plaguicidas, estos también terminan en la bolsa generalizado de “ingresos federales tributarios”, pero no son considerados como “impuestos ecológicos”, pese a cumplir con todos los requisitos para serlo, y en ese sentido tampoco son etiquetados con usos en esa materia. En 2024, tan solo por IEPS, el gobierno federal logró un ingreso por 628 mil 364 millones de pesos, según dio a conocer esta semana el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Por su parte, los 12 estados que cobran “impuestos ecológicos, de acuerdo con sus proyecciones en sus leyes de ingresos, lograron una recaudación acumulada entre todos por 2 mil 970 millones 815 mil 762 pesos en 2024, siendo Nuevo León el que más ingresos tuvo con mil 526 millones 289 mil pesos en total por los cuatro gravámenes que ingresa.

De manera particular, Baja California estimó recaudar en 2024,16 millones 467 mil 125 pesos, de ellos 8 millones 234 mil 785 fueron por la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos y 8 millones 232 mil 340 pesos por emisiones de gases a la atmósfera, pero para 2025 su expectativa bajó hasta 3 millones 464 mil 671 pesos debido a que eliminaron el impuesto de emisiones de gases a la atmósfera y lo esperado por la extracción se fue a esa cantidad; en tanto que Zacatecas el año pasado estimó recaudar 300 millones de pesos, 5 millones por remediación ambiental en la extracción de materiales; 290 millones por emisión de gases a la atmósfera; 3 millones por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y 2 millones por impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, mismo recurso que espera obtener en 2025.

En el caso de Coahuila, 48 millones 785 mil 684 pesos es lo que esperaban en 2024 como impuesto ecológico, aunque no especifica qué gravámenes se cobran; el estimado para 2025 creció a 55 millones 678 mil 383 pesos. Durango, por su parte, en 2024 recaudó 112 millones de pesos y en 2025 estima reducir a 54 millones 438 mil 42 pesos, aunque no especifica cuál es el motivo. El Estado de México que recaudaba únicamente por emisiones contaminantes, en 2024 proyectó en su Ley de Ingresos una recaudación por 252 millones 186 mil 318 pesos, y para 2025 ya con el agregado del impuesto por la emisión de contaminantes al agua espera incrementarlo a 290 millones 906 mil 934 pesos.

Por su parte, Guanajuato en 2024 proyectó 33 millones 685 mil 664 pesos recaudar por impuestos ecológicos, y en 2025 plantea un ingreso por 58 millones 438 mil 826 pesos. Nayarit en 2024 recaudó únicamente 800 mil pesos por el concepto de impuesto por el transporte de materiales pétreos en vehículos o camón de volteo, el cual clasifica dentro de los impuestos ambientales, y en 2025 proyecta recibir la misma cantidad.

En el caso de Nuevo León, los impuestos ambientales representan una parte importante de su recaudación pues en 2024 su Ley de Ingresos proyectó recaudar mil 526 millones 289 mil pesos, de estos 953 millones 992 mil 668 pesos por impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, 60 mil 963 pesos por emisión de contaminantes a la atmósfera, 572 millones 184 mil pesos por emisión de contaminantes en el agua y 51 mil 369 por emisión de contaminantes en el subsuelo y/o suelo. Para 2025, por estos mismos conceptos, los ingresos esperados son de 2 mil 936 millones 639 mil 806 pesos.

Oaxaca es otro de los casos en que de 2024 a 2025 plantea hacer un incremento al pasar de 20 millones 968 mil 66 pesos a 34 millones 81 mil 715 pesos. Querétaro es el caso contrario, pues de 317 millones 146 mil 519 pesos de 2024 plantea reducirlo a 273 millones 792 mil 889 pesos.

Quintana Roo, por su parte, solo recauda un impuesto ecológico, por extracción de materiales del suelo y subsuelo el cual busca duplicar del obtener 128 millones 454 mil 187 pesos en 2024 a llegar a 300 millones 815 mil 590 pesos en 2025. Finalmente, Yucatán en 2024 proyectó recaudar 214 millones 33 mil 199 pesos de impuestos ecológicos, de ellos 96 millones 930 mil pesos por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y 117 millones 103 mil 199 pesos por emisión de gases a la atmósfera; en tanto que para 2025 plantea disminuirlo significativamente a 86 millones 755 mil 648 pesos.

Finalmente, el caso de Campeche, que aunque especialistas lo contemplan dentro de los estados que recaudan para con él indicar que son 13 y 12 las entidades que recaudan impuestos verdes, la realidad es distinta pues la entidad del sureste tiene una condición especial debido a que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Federal de Hidrocarburos, hay cinco estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, que no pueden implementar gravámenes locales y municipales en materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico o de protección y control al medio ambiente que incida sobre las actividades de exploración o extracción de hidrocarburos porque son entidades donde se realiza la explotación de hidrocarburos y por tal son beneficiarias de un Fondo Especial para Entidades y Municipios de Hidrocarburos y en caso de iniciar la imposición de impuestos verdes, estos pierden este recurso transferido por el gobierno federal.

Para 2025, estas 12 entidades proyectan recaudar un total de 4 mil 382 millones 698 mil 855 pesos por los impuestos que cobran catalogados como ambientales. Entre los que destaca Nuevo León que proyecta obtener 2 mil 936 millones 639 mil 806 pesos.

Para el economista con especialidad en economía ambiental y ecológica e investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Augusto Rivera de Jesús, estos ingresos representan para las entidades una manera de ser menos dependientes de las transferencias que les hace la federación para poder tener más libertad presupuestal.

Para él, aunque es evidente que estos recursos se deben destinar al medio ambiente, señala que la manera de operar de las entidades se ve de la misma forma en que lo hace la federación donde los recursos obtenidos son enviados a una bolsa general desde donde se aplican a diferentes programas de gobierno. Sin embargo, aclara que Guanajuato es la única entidad que informa y etiqueta los recursos obtenidos vía impuestos ambientales, mismos que son destinados a la “remediación ambiental”.

“Es un ingreso que les permite ser menos dependientes de las transferencias que les hace el gobierno federal. Hay que ponerlo en la misma perspectiva que el impuesto a las gasolinas o el IEPS a las gasolinas porque si bien este impuesto lo que busca es desincentivar el uso del automóvil de alguna forma remediar estas externalidades que genera el uso de combustible, al final no tiene un gasto específico al que se destine, creo que están en las mismas proporciones estos impuestos verdes subnacionales (estatales) como el impuesto a las gasolinas federal. Al final, estos ingresos, a nivel federal estos (impuestos) se van a cubrir programas presupuestales importantes”, explica.

Asimismo, detalla que, aunque “el objetivo principal debería ser la remediación de estos daños que se hacen al medio ambiente, eso tendría que ser en general, pero dado la situación que ciertos estados presentan de su dependencia a las transferencias que tienen del gobierno federal, al final lo usan en aspectos más de gasto corriente, de proyectos de inversión, entonces no está del todo focalizado al objetivo principal”.

Por otro lado, llama la atención que pese a que son 26 entidades que han legislado sobre impuestos verdes para poder cobrar con ese concepto, en realidad sean 13 únicamente las que realmente lo hagan. También destaca que el impuesto a la tenencia vehicular que podría ser un gravamen ecológico tampoco es visto de esta forma en las leyes de ingresos. Este impuesto que era cobrado por la federación, en 2013 fue trasladado a las entidades, las cuales, en su autonomía legislativa, decidieron mantenerlo, reducirlo o simplemente suprimirlo.