Se suma Amnistía a reclamo de ONU al gobierno por caso Ayotzinapa

Amnistía Internacional (AI) se sumó a la ONU en el llamado al gobierno mexicano a erradicar las violaciones de derechos humanos, luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Especializado en Derechos Humanos presentará su informe sobre el caso Ayotzinapa en el que sostiene que hubo graves irregularidades en las investigaciones y evidencias de tortura a al menos una treintena de detenidos por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014.

“El gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones de este informe. Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación», se lee en el comunicado publicado por la organización humanitaria.

El estado Mexicano debe implementar inmediatamente las recomendaciones del nuevo informe de la @ONUDHmexico. Nuevamente ha quedado en evidencia que el Estado quiere impunidad en el caso >> https://t.co/jyCH7NdwJw #Ayotzinapa #DobleInjusticia pic.twitter.com/D5L5dDdgGi

— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 15, 2018

«El informe publicado el jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) muestra que la investigación de la PGR implicó múltiples violaciones de derechos humanos. Entre ellas hubo 34 casos de detención arbitraria y tortura, y la posible ejecución extrajudicial de un sospechoso, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, muerto presuntamente por torturas a manos de miembros de la Armada el 27 de octubre de 2014», reclamó.

“Las conclusiones de la ONU confirman lo que activistas y organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de sus autores”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a través del boletín.

La investigación del gobierno mexicano en cuanto al caso Iguala fue definida por Amnistía como «indignantemente deficiente sobre uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de México que ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos».

“México, a cita con la historia por caso Ayotzinapa”: ONU-DH 

La ONU publicó un informe donde condenó los métodos de investigación llevados a cabo por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de los 42 estudiantes en 2014. En el texto publicado por el Alto Comisionado se documenta la detención arbitraria y la tortura de sospechosos y la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México.

«Los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a miembros de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un vertedero en la cercana Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan», aseguró Amnistía a través de su comunicado.

El 26 de septiembre de 2014, la policía guerrerense atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la cercana localidad de Iguala: «Cuarenta y tres estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que otros tres estudiantes y tres transeúntes murieron. No se ha vuelto a ver a los 43 estudiantes desde entonces».

El Alto Comisionado reveló, explica Amnistía, cómo las autoridades mexicanas violaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues documenta las irregularidades en la investigación en el río San Juan y la obstrucción de una investigación interna sobre detenciones ilegales a manos de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).