Por paro, Poder Judicial ha cancelado 12 mil 448 audiencias, revela Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reveló que del 20 de agosto cuando inició el paro en el Poder Judicial de la Federación (PJF) al corte del 30 de septiembre, los jueces cancelaron 12 mil 448 audiencias donde determinarían además órdenes de aprehensión y cateos.

La funcionaria del gobierno federal detalló que aunque el Poder Judicial afirmó que atenderían casos de “urgencia” en todo ese periodo únicamente se realizaron 31 audiencias, de las cuales en 16 no se emitieron órdenes de aprehensiones correspondientes.

Además, de las 656 apelaciones que tenían pendientes de resolución, el 52 por ciento ya tienen de cuatro a 23 meses sin que se hayan emitido sentencia, lo que contribuye a la dilación de los procesos.

Pero además del daño que señaló le ha hecho el paro al acceso a la justicia de los ciudadanos y que los paristas siguen cobrando su salario, Rosa Icela Rodríguez también evidenció los excesos que en materia judicial ha tenido este poder al otorgar amparos y suspensiones contra leyes, obrar y políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación y el expresidente Andrés Manuel López Obrador entre los que señaló 161 amparos girados en contra de la Ley Eléctrica, 5 a la Guardia Nacional, 5 a la Ley Minera, 25 al Fondo de Pensiones, 717 a la eliminación de los fideicomisos, 240 a la eliminación de los vapeadores, 2 contra el Tren Maya, 26 contra los libros de texto gratuitos, 5 a las áreas naturales protegidas, 73 contra la suspensión de la Junta federal de Conciliación y Arbitraje y 8 contra las conferencias mañaneras, es decir, un total de mil 267.

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Por otro lado, la secretaria de Gobernación puso de manifiesto la falta de procuración de justicia porque de las 21 mil personas privadas de la libertad en los centros de reclusión federales, 6 mil 97 no han recibido sentencia. 415 han esperado entre un año y 17 años para conocer su sentencia, y 34.2 por ciento lleva entre 9 y 12 años en prisión sin saber su pena.

Asimismo, recordó que de acuerdo con la misma ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, en el Poder Judicial existe el nepotismo en el 46 por ciento de éste porque al menos uno de los trabajadores tiene un familiar dentro. “85.4 por ciento de los magistrados y 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el PJF”.

En ese mismo sentido, dijo que no existe la disciplina en el Poder Judicial porque de las 38 mil quejas que se han presentado del 2004 al 2023, el 86 por ciento fueron desechadas sin siquiera iniciar una investigación, y de las que sí se investigaron el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solo sancionó a 472 jueces y magistrados.

Otro de los datos que ofreció la funcionaria del gobierno de Claudia Sheinbaum fue el salario de los ministros quienes afirmó reciben un monto mensual de 792 mil 256 pesos entre sueldo base y prestaciones como compensaciones garantizadas, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, pago por riesgo, entre muchos otros.

Reveló también que el salario mensual de un consejero de la judicatura es de 460 mil 787 pesos; en tanto que el de un magistrado asciende a 374 mil 203 pesos mensuales y el de un juez de distrito de 337 mil 575 pesos.

Al exhibir las contradicciones de los litigantes del Poder Judicial, la secretaria de Gobernación recordó que jueces han dejado en libertad a peligrosos narcotraficantes y generadores de violencia en el país, como el caso del juez Crecencio Contreras que ordenó la liberación de Alberto ‘N’ “El Kena”; el juez Juan José Fernando García que concedió una suspensión a Rafael Caro Quintero; o el caso del juez Conrado Alcalá que concedió un amparo a El Güero Palma.

Asimismo, mencionó la instrucción del juez Juan Pedro Contreras que otorgó un amparo a Emilio Lozoya que lo dejó el libertad domiciliaria; o el caso del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que la jueza Adriana Yolanda Vega le extendió un amparo para inhabilitar la orden de aprehensión en su contra.

En el mismo caso están los magistrados del Noveno tribunal colegiado en materia penal que concedieron una suspensión provisional exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, contra una orden de captura. O la misma situación del juez Marco Antonio Beltrán Moreno que modificó la prisión preventiva justificada en contra de Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo.

En ese mismo sentido señaló al juez Rubén Arturo Sánchez Valencia quien votó a favor de dar un amparo a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala e involucrado en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Además, de la juez María Isabel Bernal Hernández que otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás Zerón, también involucrado en el caso Ayotzinapa.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez también evidenció los intereses de la jueza Nancy Juárez, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial de la Federación o daría vista al Ministerio Público para que cumpliera una pena de 7 años de prisión. Dijo que la Judicatura en 2021 había ordenado su suspensión, pero esta orden fue revocada. Este ordenamiento se debió a que había considerado que su desempeño era deficiente, incumplía con el horario laboral, incurría en nepotismo, acoso laboras y no respetaba el derecho a la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su órgano jurisdiccional.