Exhiben Segob y SSPC vicios del Poder Judicial para justificar reforma

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhibió los vicios del Poder Judicial para justificar la pertinencia de la reforma que se discute en el Senado de la República a fin de ajustar su funcionamiento e integración. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó los perfiles de algunos beneficiados de los «sabadazos» ordenados por juzgadores federales y cómo la impartición de justicia no ha sido expedita para miles de procesados.

Durante la conferencia presidencial, Luis María Alcalde Luján, titular de la Segob, declaró que el Poder Judicial era un tema vedado en el pasado y estaba en el limbo. Asimismo, señaló que había un desconocimiento de quiénes eran los jueces, magistrados y ministros, mismos que estaban incurrieron en diversos vicios, motivo que llevó al Poder Ejecutivo a presentar al Legislativo una iniciativa de reforma.

La funcionaria comentó que aunque entre los argumentos opositores a esta propuesta de cambios constitucionales se dice que se eliminará la “carrera judicial” y el estricto modelo de ingreso a los órganos jurisdiccionales, en 2019 se dio a conocer la venta de exámenes de oposición para jueces en la Escuela Judicial. Asimismo, indicó que los concursos de oposición son impugnados con la frecuencia ante la iniquidad, influyentismo o falta de criterios objetivos, pues personas cercanas a jueces y magistrados son las que suelen resultar vencedoras.

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Enseguida, expuso que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en diciembre de 2022 reveló que el 49% del personal dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) declaró tener al menos un familiar en este mismo entramado de instituciones; sin embargo, especificó que este se elevaba al 85.4% en el caso de magistrados y al 67% en el caso de los jueces. A la par, compartió que los magistrados tenían entonces en promedio 4.7 familiares dentro de los órganos jurisdiccionales y que 23.7% del personal del PJF aceptó tener más de 4 familiares trabajando en la institución.

“La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial de la Federación tiene 26 parientes trabajando, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales”, pronunció. En tanto, dijo que la información podría ser parcial, dado que muchas veces se declara como familiares solo a los que tienen mismos apellidos, pero no parientes políticos como cuñados, nueras, suegros y yernos.

Como problema adicional, Luisa Alcalde expuso el de la disciplina, destacando que ante el CJF de 2004 al 2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales 86% fueron desechadas sin iniciar investigación alguna. A la par, indicó que el consejo solo sancionó a 472 jueces y magistrados: 292 con apercibimientos y amonestaciones; 102 suspensiones; 41 destituciones; 23 inhabilitaciones; y 14 sanciones económicas.

Para cerrar su participación, la exfundadora de Morena también resaltó que pese a que el artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneraciones mayores a la establecida para el presidente, ministras y ministros no han acatado tal orden. Al respecto, comentó que se han resistiendo argumentando que aquellos designados antes de 2009 no les aplica tal restricción porque tienen derecho adquirido; en tanto indicó que tampoco es respetado por otros elegidos tras ese año porque “sería discriminatoria” las diferencia salarial.

Junto a ello, expresó que otros ministros también afirmaran que es ambiguo el concepto “remuneración del presidente”. Esto pese a que el salario del presidente es de 129,432 pesos y goza de otros 32,106 pesos por prestaciones para un total de 161,548 pesos mensuales; en contraste, proyectó que los ministros perciben como salario 286,423 pesos y tiene otros 174,360 pesos por prestaciones, para un total de 460,783 pesos mensuales, ello sin contar otros beneficios de alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre otros “privilegios”.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSPC, recordó que el Poder Judicial es responsable de los “sabadazos» mediante los cuales han facilitado la liberación de colaboradores de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y acusado en México por enriquecimiento ilícito; integrantes de la delincuencia organizada acusados de homicidios calificados, robo con violencia y secuestro; así como al exgobernador poblano Mario Marín Torres , acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Finalmente, indicó que hay 24 mil personas en procesos penales sin sentencia, de las cuales 1,326 tienen entre 5 y 10 años con juicios penales pendientes; 2,488 con juicios pendientes desde hace 10 o 15 años; 767 que llevan esperando sentencia de 15 a 20 años; y 232 que siguen sin conocer su sentencia desde hace más de 20 años