Murillo Karam ya cumple prisión domiciliaria desde su casa en Lomas de Chapultepec

Luego de que un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México le concediera seguir su proceso en prisión domiciliaria, este sábado 13 de abril Jesús Murillo Karam, procurador de Enrique Peña Nieto, acusado de tortura, desaparición forzada y la no administración de la justicia, fue trasladado a su residencia de Las Lomas de Chapultepec, al poniente de la capital del país.

El traslado del exfuncionario priista y exgobernador de Hidalgo fue llevado de la Torre Médica del penal de Tepepan a su domicilio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, luego de haber sido dado de alta donde se encontraba recibiendo atención después de sus múltiples complicaciones del corazón.

Pese a la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) quien le imputa responsabilidades por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por la elaboración de la llamada ‘verdad histórica’, el juez federal confirmó este viernes la prisión domiciliaria para que el excolaborador de Peña Nieto estuviera en su casa antes de las 15:00 horas del sábado.

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El juez Juan José Hernández Leyva ordenó que al imputado cumplir su proceso en reclusión en su casa, en tanto que elementos de la Guardia Nacional o de la Fiscalía estén vigilantes de forma permanente alrededor de la casa del exprocurador para evitar una posible fuga.

Además, habrá un registro de las personas que lo visiten para evitar comunicarse con las víctimas o testigos del caso por el que está siendo procesado. Asimismo, debe entregar su pasaporte y visa, al par de que se emitirá una alerta migratoria para notificar a los agentes que no puede salir del país. En ese sentido, se rechazó la medida solicitada por la defensa de portación de un brazalete electrónico.

La detención de Murillo Karam de 76 años de edad en agosto de 2022 es la de mayor perfil que ha logrado procesar el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador por la desaparición de los 43 jóvenes normalista que considera un “crimen de Estado”.