“Reforma judicial busca tener una institución independiente de impartición de justicia”: Alcalde

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, declaró que la Reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como propósito que México cuente con una institución independiente de impartición de justicia. Esto ante las críticas hechas por el mandatario nacional y sus simpatizantes al acusar que el Poder Judicial sirve a grupos de intereses privados y la delincuencia.

Durante la conferencia presidencial, Luisa Alcalde hizo una presentación del contenido de la Reforma Judicial enviada por AMLO a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero. Ahí, esta comentó que tal iniciativa es una respuesta al reclamo popular de contar con una institución que imparta justicia con independencia, ajena a intereses privados, que tenga la sensibilidad de conocer las problemáticas y abone a combatir la impunidad.

La secretaria de Gobernación expuso que la propuesta presidencial contempla cambios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerla más eficiente, austera y transparente. Entre estos están disminuir de 11 a nueve el número ed ministros y reducir su encargo de 15 a 12 años; la desaparición de las dos salas, de modo que las resoluciones solo se harían a través de pleno mediante sesiones públicas; la eliminación de las pensiones vitalicias para los actuales y futuros ministros; y la aclaración de que estos no pueden ganar más que el presidente de la República.

Te puede interesar: Poder Judicial está al servicio de una minoría rapaz y la delincuencia: AMLO

Alcalde Luján expuso que además se propone la realización de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Según precisó, el proyecto establece que en 2025 habría un primer ejercicio de este tipo a fin de renovar a todos los funcionarios judiciales federales mediante una elección extraordinaria; En esta podrán participar los actuales servidores públicos para ser votados en igualdad de condiciones que los otros postulantes.

Respecto a la selección de candidaturas de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó que el Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos; el Poder Legislativo otros 10, avalados por mayoría calificada; y el Poder Judicial, a través de la SCJN sugerirá otros 10 aspirantes, mismos que deberán ser avalados por al menos seis ministros.

“En el caso de los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la corte; tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial, es decir, prácticamente a su entidad federativa”, indicó.

La funcionaria continuó explicando que el Senado de la República verificaría que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley; mientras tanto, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizaría la elección. Asimismo, enfatizó que los partidos políticos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de las candidaturas, ya que es un proceso ajeno a ellos.

En materia de vigilancia, explicó que se estaría creando el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual tendría independencia de la SCJN, a diferencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta sería la institución encargada de recibir denuncias de ciudadanos o autoridades e investigar a jueces, magistrados y ministros por actos contrarios a la ley, al interés público o la administración de justicia, además de casos de nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.

Junto a este aparecería el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años; ellas serán nombradas por el Poder Ejecutivo (1), el Senado de la República (1) y la Corte (3). Su finalidad, mencionó, será vigilar las funciones administrativas de carrera judicial y de control interno, así como elaborar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, Luisa Alcalde indicó que la reforma judicial también contempla algunas nuevas reglas necesarias para la justicia expedita, como establecer un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales; en caso de de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, establece la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.