Presidencia impugna suspensión para evitar eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial

Este viernes 8 de diciembre, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación en contra de la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez Potisek para suspender la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que fue avalada por el Congreso el pasado octubre.

Apenas la noche de este martes 5 de diciembre el ministro Laynez concedió la suspensión haciendo imposible que los más de 15 mil millones de pesos que suman los 13 fideicomisos eliminados por las cámaras de Diputados y Senadores se destinen a los damnificados del huracán Otis en Guerrero.

Sobre ello, la Consejería hizo un llamado a la Corte que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña Hernández, para donarlos recursos y quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero.

La Presidencia de la República lamentó que el ministro Laynez Potisek, a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma, lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador.

Ante ello, criticó que no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias.

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Pero para justificar el otorgamiento de la suspensión, señala, el ministro Javier Laynez señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

Y acusa que el ministro de la Corte afirmó que los recursos de los fideicomisos son para garantizar la impartición de justicia, lo cual apuntó, que es completamente falso, pues esa tarea del Poder Judicial está garantizada con el presupuesto que se les destina anualmente en el Presupuesto de Egresos.

“El ministro instructor afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”, subrayó.

Asimismo, la Consejería apunta que el ministro Laynez “consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer “inmune” frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional”.

Por otro lado, reclama que el integrante del Pleno de la SCJN olvida que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los fideicomisos del Poder Judicial “no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad” debido a la nula utilización de sus fondos, y en los que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, que nada tiene que ver con las prestaciones laborales, porque están garantizadas también con el presupuesto anual y no dependen de los fideicomisos.