SSPC exhibe a juezas y juez por beneficiar a ‘El Nini’, Emilio Lozoya y la hermana de Juan Collado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhibió este martes a dos juezas y un juez por beneficiar a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y la hermana del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, quienes son acusados de varios delitos.

El subsecretario de Seguridad de la SSPC, Luis Rodríguez Bucio, detalló durante la conferencia presidencial que María del Carmen Sánchez Cisneros, Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, otorgó a ‘El Nini’ una suspensión de plano para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. Esta decisión fue tomada el mismo 22 de noviembre, fecha de su detención, luego de que el quejoso manifestara en su amparo actos de tortura e incomunicación.

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Sin embargo, de acuerdo con el exencargado de la Guardia Nacional, el actuario del juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos.

Rodríguez Bucio también cuestionó a Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, porque el 15 de noviembre otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía ‘N’ , hermana de Juan Collado. Al respecto, explicó que ella promovió un amparo buscapiés contra una posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad.

Según lo expuesto, el juez justificó su decisión diciendo que de no otorgar esta suspensión, Lucía ‘N’ podría sufrir daños y perjuicios de muy difícil reparación. “Cabe recordar que su hermano, Juan ‘N’, ha sido beneficiado por jueces federales en proceso que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, agregó.

Finalmente, el subsecretario expuso que Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en toda la República, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Emilio Lozoya. Por ende se le devolvió un inmueble por el cual pagó 38 millones de pesos, cuyo origen sería de procedencia ilícita

Este relató que la jueza refirió que a Lozoya Austin no se le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. En tanto, reiteró que la FGR apelará la decisión ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia, y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal.