PJF pide aumento de 4% en presupuesto; Norma Piña dice “solo así se garantizará la transmisión del poder y la estabilidad democrática” en 2024

La presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña Hernández, anunció que pidieron un aumento “real” de 4 por ciento a la Cámara de Diputados en el presupuesto para el ejercicio fiscal para 2024, lo que representa 84 mil 792 millones 400 mil pesos.

En una sesión solemne que convocó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la presidenta de la Corte condicionó que solamente con ese presupuesto requerido “se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática” en 2024.

Pues dijo que en el próximo año de elecciones federales las funciones que deberá desempeñar el Poder Judicial Federal son “de particular relevancia para la vida democrática y de justicia social del país”, pues se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular y eso “exige” una “asignación presupuestal suficiente” para atender los “potenciales” incrementos de asuntos que el Tribunal Electoral deberá resolver.

Además, dijo que el siguiente año también se requerirá crear 45 órganos jurisdiccionales más para lograr la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que deriva de las reformas aprobadas por el Poder Legislativo para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano al firmar el T-MEC, con lo que se busca dar certidumbre a los socios comerciales del país, así como mayor seguridad jurídica a trabajadores, sindicatos y patrones.

Por otro lado, dijo que existe una mayor demanda de justicia federal por parte de los ciudadanos, y en caso de que la tendencia de 2023 continúe, en 2024 la judicatura federal deberá resolver al menos 1.3 millones de casos nuevos.
Asimismo, aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene por objetivo modificar uno delos ámbitos de la justicia más cercana a las personas y medios alternativos de solución de conflictos.

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“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública, que representa jurídicamente y, sobre todo, de manera gratuita a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento del 20 por ciento anual, que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del instituto”, dijo.

La ministra presidenta aseguró que el presupuesto solicitado “tiene una justificación legal razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados”, ello afirmó, atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Sin embargo, también señaló que parte de los recursos los destinarán para “reforzar las medidas de seguridad” de las personas que integran el Poder Judicial, porque, justificó, impartir justicia no puede traducirse en una afectación a su integridad y de quienes los rodean, para que no sufran, dijo, amenazas o presiones.

Norma Piña, que es parte de los once ministros que integran la SCJN y que apenas en mayo pasado el entonces coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, evidenció que cuentan con al menos 40 privilegios, entre los que destacan salarios de 300 mil pesos mensuales, aguinaldos de más de medio millón de pesos, primas vacacionales de poco menos de 100 pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujos, presupuesto personalizado para contratar personal, pago por riesgo de trabajo, apoyo para gasolina, pago de servicios médicos para ellos y su familia, así como el pago de internet y teléfono para sus casas.

Dijo que la justicia es un derecho que cuesta a los contribuyentes, pero que es necesario que se les asignen ese presupuesto adecuado para que ese derecho a la justicia sea efectivo. “Proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial federal, sino también, directamente, al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando, así, en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”.

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“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, añadió.

Y sostuvo que la consecuencia directa de “asfixiar” a través de un recorte presupuestal del PJF “colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.

Por otro lado, los recursos solicitados, explicó, corresponden al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total del país o dicho de otra manera, es 1.8 pesos diarios por mexicano. Y advirtió que su actuación está “condicionada” por la suficiencia presupuestal y que “el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”.

Y agregó que el presupuesto realizado y mandado al Poder Legislativo fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados.

Del total de los 84 mil 792 millones 400 mil pesos solicitados, el Consejo de la Judicatura tendrá 74 mil 793 millones 300 mil pesos; la SCJN 6 mil 91 millones de pesos y el TEPJF 3 mil 890 millones de pesos.